Si bien el Gobierno Regional solicitó en junio al Dirección de Presupuestos (Dipres) un total de $168 mil millones para 2025 para inversión y realizar obras, $57 mil millones más que los recibidos en 2024, sólo obtuvo $123 mil millones, monto que para parlamentarios de la zona es claramente insuficiente para las necesidades que tiene la Región.

El senador PS, Gastón Saavedra, afirmó que el monto “no alcanzó las expectativas, pero sí tuvo un aumento sustantivo. Hay que considerar que el presupuesto de la nación creció en un 2% y, además, que tuvo una rebaja de 500 millones de dólares. Por lo tanto, todos tenemos que ajustarnos para que la nación funcione financieramente. Hubo que enfrentar situaciones sonrojantes como los juicios y el traspaso indebido a fundaciones que no han rendido aún y que están aún en tribunales (…) Hay toda una situación del punto de vista probidad que afecta indudablemente las peticiones de más recursos para las regiones. No se puede esperar más”, dijo.

En tanto, el senador UDI Enrique Van Rysselberghe, afirmó que desde su perspectiva, el bajo presupuesto “radica tanto en un natural castigo tras el protagonismo de nuestra Región en el Caso Convenios, como en las equívocas políticas económicas generales del actual Gobierno del Presidente Boric que tienen al país con un crecimiento mediocre, que se traduce en una recaudación tributaria mediocre, que permite financiar un gasto público mediocre”.

El diputado DC Eric Aedo calificó de insuficiente el presupuesto para los desafíos y necesidades que tiene la Región, que pasa por una grave crisis económica.

También atribuyó el bajo presupuesto a la situación generada por el Caso Convenios. “Lamentablemente este presupuesto es el resultado del Caso Convenios y cómo se despilfarraron los recursos regionales en una administración que pasará a la historia por los casos de corrupción que investiga la justicia”, dijo y aseveró que se provocó un grave daño al proceso de descentralización.

La diputada PC, María Candelaria Acevedo, concordó con Saavedra y Aedo en que el presupuesto es insuficiente para necesidades que tiene Biobío, por ejemplo, para enfrentar emergencias, el difícil escenario económico y un plan de reactivación que necesitará una inyección de recursos, ya que, según dijo, el presupuesto asignado pareciera insuficiente para concretarlo.

Félix González, diputado por el Partido Ecologista Verde, aseveró que año a año el presupuesto que se entrega al Gobierno Regional es menor al solicitado, lo que lleva a una deuda de arrastre en proyectos y a que los Gobiernos Regionales no puedan cumplir con los compromisos que tienen con las comunidades.

“Por eso, en el período anterior con senadores y diputados formamos una bancada por la descentralización para que pudiera existir un presupuesto 6 veces mayor a lo que tienen hoy los gobiernos regionales, de manera que un 30% de los fondos de inversión puedan ser decididos en la Región y propusimos que en proyectos de más de $10 mil millones los ministerios pidan permiso a la Región, pero falta mucho que avanzar en descentralización“.

Joanna Pérez, diputada DC, dijo que más importante que cómo parta el presupuesto de la Región es cómo termine, cómo se puedan apalancar recursos que pueda generar a través de convenios de programación “como royalty que van a llegar a la Región y a Subdere para que la Región pueda seguir creciendo porque tenemos una importante cartera de proyectos”.

Uso eficiente

El 6 de enero asumirá el nuevo gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, autoridad que para los parlamentarios de la zona enfrentará amplios desafíos como la priorización del uso de recursos para sentidas obras de la comunidad.

En ese sentido, el senador Van Rysselberghe afirmó que espera que la nueva autoridad y su consejo se enfoquen en orientar la inversión hacia la Región con proyectos intensivos en mano de obra y que impulsen nuestro desarrollo local.

El diputado Aedo afirmó que el nuevo gobernador tiene una tarea importante por delante que parte con ordenar al Gore, seguido de recuperar la confianza de la ciudadanía y a partir de ahí generar proyectos que tengan un real impacto en la inversión y en la generación de empleo. “Espero que sea capaz de sumar a todos los sectores de la Región tras el objetivo de sacar adelante a la zona”.

Saavedra aseveró que si bien la mayoría del Core son opositores al actual Gobierno se van a tener que adaptar porque son representantes de la Región, priorizando las necesidades incumplidas, pensando en obras en lugares donde, por ejemplo, faltan puentes, postas y tienen problemas de agua potable, destinando los recursos y trabajando con los municipios para ello.

A su vez, la diputada Acevedo aseveró que más allá de las autoridades que estén dentro del Gobierno Regional, la buena ejecución del gasto público debería ser una premisa. “En esa línea hemos establecido mecanismos de control más estrictos en los últimos años en la discusión del presupuesto de la nación, y yo en particular presenté una modificación a la constitución que entrega mayores facultades de fiscalización a los Cores, iniciativa que espero avance prontamente, y se transforme en una herramienta más para la buena gestión de los recursos dentro de los gobiernos regionales”.

El diputado González afirmó que, probablemente, el nuevo Gobierno Regional genere una impronta distinta de cómo invertir los fondos y mayor interés en algunos aspectos que en otros, “pero no debería ser muy diferente porque tiene que administrar pobreza (…) los proyectos mas grandes de miles de millones son de ejecución en años. Por lo tanto, una parte importante del presupuesto que se asignó al Gobierno Regional va a ser para pagar esas cuotas. Los proyectos nuevos en los que se comprometa ahora son los que podrán definir, pero que están desacoplados con el presupuesto de este año”.

Joanna Pérez aseveró que en materia del nuevo gobernador, el uso eficiente de los recursos dependerá de los equipos y del Core que también pueda dar directrices, “que puedan abordar la gran cartera y cómo se prioriza esta ejecución. Ese va a ser el desafío que van a tener”.

Caso convenios

En cuanto al Caso Convenios, aseveró el senador UDI, que se debe mejorar sustancialmente el control de la gestión, sin frenar el logro de una rápida y oportuna ejecución presupuestaria, ya que ello maximiza la probabilidad de una eficiente asignación de recursos y habilita al Gore a estar en condiciones de recibir durante el año recursos extras vía reasignaciones, que Hacienda realice desde regiones, que muestren durante el ejercicio presupuestario una excesiva lentitud en gastar sus recursos.

El senador Saavedra afirmó que ante casos como el Convenios las decisiones deben ser de prioridad y jerarquizar el uso y destino de los recursos hacia problemas que no están resueltos, por ejemplo, en el mundo de la ruralidad dar más equidad en la distribución de los recursos. “Soy partidario de un trabajo mancomunado, bien planificado con las municipalidades (…) se requiere esa forma de trabajo distinta a estar traspasando recursos a fundaciones o corporaciones privadas que ya vemos que los resultados no son los mejores”.

Eric Aedo afirmó que para evitar situaciones como el Caso Convenios se debe ser riguroso en el cumplimiento de la ley. “Es importante también la formación de los equipos que tengan la capacidad de gestión, conocimiento sobre el funcionamiento del Estado y también espero que convoque a todos los actores de la Región porque hay desafíos complejos”.

Para evitar situaciones como las del Caso Convenios, según dijo el diputado González, presentó un proyecto, “que fue puesto en tabla en la Comisión de Gobierno, pero que luego se quitó, no sé por qué, que buscaba que todas las iniciativas sean votadas por el Core”.

Actualmente, según dijo, los gastos de $400 millones hacia abajo se definen en la oficina del gobernador regional, sin requerir autorización del consejo. “Por eso, planteamos que debe haber una plataforma, similar a la de impacto ambiental, en que se puedan ver todos los proyectos, saber cuándo se aprueban y se asignan los fondos y luego las rendiciones. Ver en qué se gasta el dinero y que no se gaste en lencería”.

Aseveró que debe haber transparencia en los proyectos de subvenciones y que espera que el proyecto de ley se apruebe para evitar situaciones como el Caso Convenios y que los gobernadores no puedan designar “a dedo” recursos en su oficina. “No voy a estar tranquilo en que el gasto sea correcto mientras no se apruebe (…) eso lo que dio pié al Caso Convenios”.

La diputada Joanna Pérez manifestó que para que no se vuelvan a dar casos como el Convenio, el Congreso a modificado muchas leyes en torno a la probidad, transparencia y control que tienen que tener las transferencias y, además, “limitó cualquier transferencia a privados, que es donde se dio el Caso Convenios y fundaciones. Por lo tanto, no hay problemas en el traspaso a organismos públicos y menos en ejecución de proyectos de inversión e infraestructura, porque es ahí donde hay mucho control de Contraloría con Toma de Razón, la Dipres. Ahí funciona el control”.

Por otra parte, explicó, el ministerio de Hacienda ha puesto restricciones importantes y complejas que, incluso, han ralentizado el gasto actual.

“Hoy tenemos una cartera de gastos que deberíamos tener recursos por $40 mil millones y la Dipres sólo ha enviado $5 mil millones. Yo creo que ese es el problema, cómo terminar el año y ese es el desafío es del actual gobernador y sus equipos”, recalcó y agregó que el nuevo gobernador va a llegar con una importante cartera de proyectos aprobados, pero aún sin ejecutar.

Proyecto fiscalización

La diputada Acevedo afirmó que fue parte de la comisión especial investigadora, llamada “Cuestionamiento a la entrega de fondos públicos a entidades privadas, por parte de Ministerios y Seremis determinados”, en que algunas de las conclusiones a las que llegaron tienen relación con la lentitud en la tramitación de expedientes para hacer valer responsabilidad administrativa; crisis en el sistema de traspaso de fondos; y avances en presentación de proyectos de ley que buscan enmendar la situación.

“Es justamente este último punto el que recogí para presentar una reforma constitucional para reformar el artículo 115 de la Norma Fundamental para dar certeza a la población de que los recursos que se están entregando van bien encaminados”, dijo y agregó que el proyecto también entrega mayores facultades de fiscalización a los Cores.

En concreto, dijo, la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional “ya entrega a los Cores la facultad de fiscalizar los convenios de programación (…) pero se debe reforzar otros tipos de actos de convenios y asociaciones con dichas personas naturales o jurídicas”.

El proyecto, además, busca establecer un mayor margen de responsabilidad de los particulares (personas naturales o jurídicas sin fines de lucro) que celebren asociaciones o convenios con los gobiernos regionales. Además, se entrega a los Cores la facultad para aprobar o rechazar dichas asociaciones o convenios, con los quórums señalados en la ley, así como de fiscalización respecto del cumplimiento de dichos convenios.