"Despachamos la denominada ley de inteligencia económica, en donde uno de los temas centrales de discusión fue el terminar con el secreto bancario, tal como lo conocemos hoy. 

Finalmente, se aprobó que las cuentas bancarias podrán ser revisadas previa autorización de un juez de garantía y ante pruebas fundadas sobre la participación del investigado en algún delito económico.

Estimo que con esta norma se entregan mayores atribuciones a los entes fiscalizadores, pero también se resguardan derechos básicos de las personas y se evitan investigaciones o filtraciones de información privada sin haber sospecha o una investigación en curso respecto a la persona en cuestión", cerró el Parlamentario.