Desde hace casi una semana los cerca de 3000 funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial  (CAJs) desarrollan un Paro Indefinido de actividades como reacción a una serie de situaciones que afectan hace tiempo al servicio como son la falta de infraestructura, ausencia de dotación personal en los centros de atención, sobrecarga laboral, afectación a la salud mental, así como  el no cumplimiento del proceso de homologación remuneracional acordado, pasividad en la implementación de normas  de teletrabajo y jornada semanal de 40 horas, entre otros puntos,

Así lo señalaron desde la Federación Nacional del Acceso a la Justicia, organización que reúne  a las y los trabajadores de las CAJs, mediante  un comunicado que advierte una radicalización de esta movilización, si es que el Ministerio de Justicia “no logra avanzar en soluciones efectivas a demandas estructurales para mejorar la calidad de un servicio tan esencial para la ciudadanía”, expresa el documento difundido en sus redes sociales.

En una línea similar y valorando una adhesión que en su cuarto día de cese de labores  ha concitado entre el 80 y 90% de la planta funcionaria, el abogado y presidente de Fenadaj, Marcelo Inostroza insistió en que si bien esperan que las negociaciones con el Minju fructifiquen, “esto es imposible si no existe una respuesta que se haga cargo de las legítimas demandas de los trabajadores y trabajadoras que representamos”.

Es imposible seguir en las condiciones actuales donde abogados de las líneas de infancia tienen a su haber 800 o 900 causas que tramitar o que solo existan 32 profesionales para atender la demanda de los adultos mayores en Chile que se empina por más de los 3,5 millones de personas”, enfatizó el dirigente.

Finalmente, y a la espera que se desarrollen  las conversaciones con la cartera liderada por Jaime Gajardo, los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial han decidido intensificar su movilización manifestándose en sus oficinas, desplegando una campaña mediática, no descartando un “apagón judicial”, el cual implicará un cese absoluto de tramitación de causas, atención a público y labores en terreno, entre otras actividades habituales.