La comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados encargada de reunir información relativa a determinados actos del gobierno en relación con los convenios y programas ejecutados con fondos públicos por la Fundación ProCultura desde 2019 a la fecha, realizó las conclusiones y propuestas formuladas a partir de los antecedentes reunidos durante las sesiones con un informe final, presentado por los diputados Andrés Longton y José Miguel Castro, el que fue aprobado por la instancia.

Y es que la mencionada fundación es también indagada por el Ministerio Público por un presunto fraude al fisco en convenios por cerca de $6 mil millones con diversos gobiernos regionales, entre los que está el de la Región del Biobío.

El informe de la comisión señala que, de los antecedentes recabados, se desprende un “posible modus operandi sistemático caracterizado por la asignación directa de fondos, una deficiente fiscalización administrativa, debilidades en los procedimientos internos de validación y supervisión de organismos técnicos”.

Entre sus conclusiones el documento agrega que la fundación ProCultura incurrió “reiteradamente en gastos no autorizados, no relacionados con los objetivos comprometidos en los convenios y en ocasiones sin sustento documental adecuado”.

Biobío

De acuerdo al texto de la CEI, durante la etapa de ejecución de los proyectos financiados mediante convenios directos, los gobiernos regionales involucrados –entre ellos la Región Metropolitana, Ñuble, Valparaíso, Magallanes, Biobío y Antofagasta– mostraron reiteradamente una grave negligencia en la supervisión efectiva del desarrollo de las actividades comprometidas.

En específico, se observaron retrasos sistemáticos en la fiscalización, falta de procedimientos efectivos para monitorear la ejecución de las iniciativas y ausencia generalizada de criterios uniformes para realizar controles internos efectivos.

En la mayoría de los casos, el informe acusa que las instituciones públicas actuaron tardíamente o reaccionaron sólo ante denuncias públicas o auditorías externas que revelaron irregularidades serias en la gestión financiera de Procultura.

En Biobío, las auditorías realizadas detectaron gastos injustificados, inconsistencias en documentación presentada y un preocupante nivel de sobreprecios. Gran parte de estos pagos se canalizaron hacia empresas privadas cuyas estructuras societarias revelaron nuevamente vínculos directos o indirectos con la propia fundación o sus integrantes.

En esa línea, el documento señaló que “la situación expone una dinámica preocupante en la gestión financiera de los proyectos, generando una notable pérdida de transparencia, dificultando la trazabilidad de los recursos públicos y debilitando significativamente la capacidad de fiscalización por parte de los organismos del Estado”.

Asimismo, la indagatoria estableció que, según lo documentado en diversas auditorías realizadas por la Contraloría General de la República, en la anterior administración del Gobierno Regional del Biobío existió un patrón de asignación directa a la fundación, “configurando claramente un modus operandi recurrente que permitió a Procultura acceder a una cantidad notable de fondos públicos en un breve periodo de tiempo y sin controles internos robustos que hubiesen permitido prevenir irregularidades o asegurar que estos recursos fueran utilizados adecuadamente”, consigna el texto.

Un elemento central identificado por la Comisión Especial Investigadora, según el informe, ha sido la notable debilidad institucional en los mecanismos previos de evaluación y validación técnica y administrativa aplicados a la Fundación Procultura, lo cual facilitó significativamente su acceso a cuantiosos recursos públicos sin un control preventivo adecuado.

Lo último fue definido por la comisión como como la entrega institucional de un auténtico “cheque en blanco”, otorgado sin una adecuada revisión ni fiscalización preliminar respecto a la capacidad técnica, experiencia real, solvencia administrativa y económica de la fundación beneficiaria.

Según los antecedentes analizados por esta Comisión, el procedimiento administrativo utilizado principalmente por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), bajo el mando en su momento del exsubsecretario Miguel Crispi, “permitió validar institucionalmente a la Fundación Procultura como entidad subejecutora mediante la asignación de un puntaje extremadamente alto (97,1 puntos de 100), basándose en criterios aparentemente formales y superficiales, sin realizar una revisión efectiva, profunda y objetiva sobre la idoneidad técnica y la trayectoria real de la fundación para administrar cuantiosos fondos públicos en múltiples regiones del país”.

La consecuencia directa de esta insuficiente evaluación previa fue que diversos gobiernos regionales, así como otras instituciones públicas como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), confiaron plenamente en esa validación inicial.

“Esto significó que posteriores procesos de asignación directa de recursos se realizaran sin cuestionar la real capacidad operativa de la Fundación Procultura, asumiendo erróneamente que la aprobación técnica e institucional previa era suficiente garantía para una adecuada ejecución y rendición de los fondos entregados”, complementa el escrito.

De la misma forma, La Contraloría General detectó que en algunos gobiernos regionales, como el del Biobío, no existía un certificado de preadmisibilidad requerido para aprobar programas ejecutados por ProCultura, lo que derivó en la apertura de sumarios administrativos.

En este contexto, múltiples denuncias y querellas por delitos como apropiación indebida, fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias han sido presentadas por el Consejo de Defensa del Estado y otros actores, judicializando así una situación que deja en evidencia la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos.

“Esta Comisión Especial Investigadora concluye que nuestra institucionalidad requiere urgentemente reformas profundas y efectivas que fortalezcan su capacidad real para recuperar y proteger los recursos públicos asignados irregularmente.

Es imprescindible contar con garantías sólidas y efectivamente exigibles, protocolos ágiles y estandarizados para el cobro inmediato ante irregularidades y mecanismos institucionales capaces de actuar preventivamente frente a cualquier riesgo patrimonial que pueda afectar al Estado”, expresaron los diputados que fueron parte de la instancia.

A su vez, los parlamentarios que presentaron el informe complementaron que “el caso ProCultura deja en evidencia una profunda vulnerabilidad del patrimonio público frente a la mala administración o al uso indebido de los recursos fiscales, situación que debe ser abordada de manera urgente mediante medidas legislativas e institucionales que permitan restaurar plenamente la confianza ciudadana en la administración responsable y eficaz de los fondos públicos”.