EI "informe de violencia" de marzo entregado por la Multigremial de La Araucanía levantó un debate en la región. La entidad asegura que existen 12.700 hectáreas en la Macrozona Sur que son inaccesibles para el Estado, a pesar del Estado de Excepción que lleva 1.066 días bajo la actual administración.

Esta afirmación choca con lo mencionado por la Delegación Presidencial, que no está de acuerdo con la denuncia. Por esta razón, programó una nueva reunión para cotejar información sobre el tema y tomar lineamientos de acción.

El informe de marzo preparado por el multigremio reconoce que marzo fue el mes que se registraron menos hechos de violencia comparados con los últimos cinco años. Sin embargo, subraya que en lugares como Temucuicui (Ercilla), Pidenco (Lumaco), Tirúa-Tranapuente (Carahue), Traiguén, Lumaco y Lautaro existe una superficie en la que "el Estado chileno no puede entrar".

El presidente de la Multigremial, Patricio Santibáñez, explicó que "creemos que si bien hay importantes avances en materia de seguridad, como la reducción de hechos de violencia, creemos que hay zonas de La Araucanía en que el control territorial que hace el Estado no es el que debiera tener normalmente".

"Y todavía en esos territorios operan grupos que impiden la acción efectiva de los organismos del Estado, tal como ocurrió en el intento de exhumación de los restos de don Pablo Marchant (...). No se puede generalizar para toda la región, pero sí en esos puntos no funciona como debería el Estado de Derecho", detalló el dirigente.

Santibáñez destacó, además, que el Estado de Excepción ha tenido mejores resultados en Arauco, donde los niveles de violencia serían aún menores. En tanto, en el caso de La Araucanía, incidiría la rotación de personal a cargo de la medida. Frente a esto, el delegado presidencial de La Araucanía, Eduardo Abdala, afirmó que tanto la Multigremial como el Gobierno tienen un objetivo común y "disociarse" de esa tarea no sería lo correcto. En esa línea, declaró estar en desacuerdo con las cifras de la organización.

"Quiero señalar que no estamos de acuerdo con la Multigremial respecto de que hay zonas en la región en las cuales no se puede acceder. No obstante, y atendiendo a su preocupación, hemos concordado la necesidad de poner en común no solo la visión, sino los antecedentes que tiene la Multigremial y los antecedentes con los que cuenta el Gobierno", mencionó Abdala.

Además, añadió que "hemos definido que la próxima semana haremos una reunión para que podamos, en conjunto, visualizar ambos antecedentes, no solo desde los aspectos de seguridad, sino también desde la persecución a partir de la tarea que desarrolla el Ministerio Público; y a partir de esto tomar decisiones en conjunto".

La autoridad regional también se refirió sobre lo ocurrido con Pablo Marchant, miembro de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), cuya exhumación de su cuerpo fue frustrada por segunda vez hace unas semanas.

Al respecto, mencionó que es "un tema que tuvo que ver con una decisión de seguridad en el momento para las personas que participaron en el proceso y el entorno (...) fue una decisión conjunta asumida por el riesgo que implicaba entonces la tarea".

Agregó que "eso no significa que no hubo acceso hasta el lugar (...) pero insisto, en estos años hemos avanzado en materia de seguridad como nunca antes en la historia".