El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió esta jornada a la querella por Ley Antiterrorista a raíz del atentado originado en Rucalhue, cuyo saldo fue de dos guardias lesionados, 45 camiones y 5 maquinarias afectadas.

El atentado afectó a un proyecto inversión de la empresa china International Water & Electric Corp. La misión de China en Chile acusó que las cuantiosas pérdidas económicas "socava" gravemente la confianza de las empresas de origen chino en la seguridad local y en el entorno empresarial, "mermando su entusiasmo por invertir en la región".

El secretario de Estado adelantó que viajará a la zona en los próximos días, precisando que se reunirá con la empresa afectada "por los temas de planes de seguridad que están asociados a ella". Dijo además que el lunes tuvo una cita con la empresa y se les transmitió que "a lo que el Estado de Chile le interesa es la continuidad de ese proyecto de inversión y que el mensaje que está enviando el Gobierno ahí no sólo para la empresa sino que para todos aquellos que pretendan resistir ilegítimamente el desarrollo de ese proyecto".

El secretario de Estado afirmó que "el Gobierno va a ocupar la nueva Ley Antiterrorista en este caso, y yo creo que es una señal bien relevante (...), porque su uso implica probablemente una de las representaciones del ejercicio del poder estatal más severo que se pueda tener en este ámbito".

En ese sentido, planteó que la acción judicial representa una "señal que es simbólica, que es política, pero que es jurídica también", además de que es "una señal para quienes están cometiendo esas acciones".

Cordero sostuvo que si bien "los números (alude a los hechos de violencia rural) Macrozona Sur han bajado sustancialmente", este ataque "provoca uno de los efectos perseguidos por los grupos terroristas, que es infundir el temor en la población y en la entidad de las instituciones y por eso creo que el Estado tiene que reaccionar muy fuertemente". Asimismo, lanzó que "yo creo que este es el momento en que el sistema político pruebe de verdad su consistencia en los temas antiterroristas.

Y este es un llamado también a la oposición. La oposición durante largos años ha insistido en un determinado discurso sobre actos terroristas en la zona. Una de las manifestaciones del acuerdo jurídico-político entre el gobierno y la oposición es la nueva ley antiterrorista. Y yo creo que lo que debiéramos preocuparnos hoy día es el éxito de esa investigación, en la aplicación severa de la ley antiterrorista, con todos los medios que tiene esa ley y lugar la eficacia del estado de excepción".

Cristina Vilches

Cordero también abordó la renuncia de Cristina Vilches, ex jefa de Inteligencia de la PDI removida por el caso Monsalve, a sus funciones de asesora en materias docentes en la Escuela de Inteligencia. "En materia de contratación de asesorías directas, esta es una decisión en ambos casos de las policías, no requieren de autorización del Ejecutivo", sostuvo, agregando que "yo conversé con el director (nacional de la PDI Eduardo) Cerna el día ayer en la tarde".

"Él me explicó el contexto de la contratación, qué dada la experiencia de ella, había estado siete años en inteligencia, habían contratado para una asesoría de tiempo muy limitado para la escuela de inteligencia.

Yo entendí sus razones, creo que él también entendió las mías", agregó. Transparentó sus razones: "Los contextos en los cuales se producen ciertas decisiones pueden tener, más allá de la finalidad técnica que pudiera haber perseguido, tienen impacto en las instituciones que uno también tiene que resguardar".