Luego de que el Gobierno promulgara la nueva Ley de Seguridad Privada en marzo de 2024, la Contraloría General de la República, tomó razón del Reglamento de Eventos Masivos que es parte de esta normativa, que impone una mayor responsabilidad en cuanto a la seguridad a los organizadores de este tipo de encuentros, con el fin de evitar destinar personal de Carabineros a ellos.

Sin embargo, esto no fue tomado de buena manera por la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (AGEPEC), ya que señala que no hubo un proceso de diálogo previo con las autoridades y establece que el reglamento es inviable para el sector.

Esta medida, según informó la Subsecretaría de Prevención del Delito, "permite elevar considerablemente el estándar de los sistemas de seguridad de la industria para la celebración de eventos de carácter masivo y robustece el rol preventivo complementario que debe tener la seguridad privada respecto a la seguridad pública".

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Este marco normativo "define entidades obligadas a contar con seguridad privada y establece derechos y deberes de quienes organizan, como también para los asisten a estos eventos".

"La realización de un evento masivo implica un gran impacto de los esfuerzos policiales, por lo que la nueva Ley dará lugar a una optimización de los recursos de Carabineros al elevar los estándares exigidos a los organizadores con tal de evitar destinar personal operativo de la institución que realizan acciones estratégicas en las calles", señala un comunicado de la organización que lidera Carolina Leitao.

"Como parte de la agenda de seguridad se logró aprobar después de 14 años una legislación que regula la seguridad privada. Y para su implementación se requiere dictar dos reglamentos, uno de los cuales ya está listo y que corresponde al de eventos masivos.

Este va a permitir elevar el estándar de los servicios prestados por la industria de la seguridad privada. La medida apunta entre otras cosas a optimizar el recurso policial, maximizando el rol coadyudante, preventivo y complementario a la seguridad pública", señaló Leitao. "Estamos ya en las revisiones finales del segundo reglamento por parte de la Contraloría, que establece el marco normativo operativo a la seguridad privada en su conjunto", agregó.

Las medidas contempladas en la nueva norma establecen la obligatoriedad de que los organizadores contraten seguros de daños a terceros, con el fin de que puedan responder ante situaciones que afecten al entorno. Además, la normativa incluye que la "comercialización de tickets se hará previa factibilidad emitida por las delegaciones presidenciales", ya que hasta el momento, los productores y organizadores ponen a disposición la venta de entradas antes de solicitar los permisos, según plantea el texto.

Con esta disposición, se "permitirá asegurar una planificación adecuada, considerando todos los factores posibles para disminuir el impacto y externalidades que puede ocasionar un evento de envergadura".

"Regulaciones de este tipo podrían impedir la realización de eventos de magnitud".

Sin embargo, esta situación no fue tomada de buena manera por la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (AGEPEC), que por medio de una declaración pública expresó su sorpresa y preocupación respecto a la normativa, ya que según señalan tomaron "por la prensa y no a través de un proceso de diálogo previo con las autoridades".

"Durante meses AGEPEC buscó reunirse con la autoridad con el fin de colaborar con nuestra experiencia y conocimiento técnico para contribuir a una regulación que resguarde la seguridad sin poner en riesgo la viabilidad de la industria de los eventos masivos en Chile. Lamentablemente, esa instancia de diálogo no se concretó, y hoy nos encontramos con una normativa que, de acuerdo con lo publicado, parece desconocer la realidad operativa del sector y generar trabas que podrían afectar seriamente su desarrollo", critica la misiva.

Asimismo, señala que uno de los aspectos más complejos de este reglamento, "es la exigencia de contar con la aprobación de factibilidad de la Delegación Presidencial Regional antes de la venta de entradas, convocatoria pública o promoción del evento". Según explican, "este requisito es inviable en la práctica, ya que los tiempos de contratación de artistas internacionales y festivales de gran envergadura no permiten contar con esta información con tanta anticipación".

De hecho, aseguran que "regulaciones de este tipo podrían impedir la realización de eventos de la magnitud de Lollapalooza, el Festival de Viña del Mar, Cirque Du Soleil, entre otros, poniendo en jaque una industria que genera miles de empleos y contribuye significativamente a la economía del país".

Aunque el gremio expresa que se encuentran analizando en detalle el contenido del reglamento para evaluar su viabilidad y aplicabilidad, la AGEPEC, manifiesta "desde ya nuestra preocupación por lo que parecen ser disposiciones poco realistas y sin consideración de los tiempos y dinámicas propias de la industria del entretenimiento y la cultura".

En la declaración la AGEPEC, también señaló que mantienen su disposición al diálogo con las autoridades: "Pese al desdén y la omisión de las autoridades con nuestro ecosistema de las economías presenciales del entretenimiento y la cultura, reiteramos nuestra disposición al diálogo".

Para finalizar el texto, hicieron "un llamado a las autoridades a revisar en conjunto los efectos de esta normativa, con el fin de asegurar que su implementación no afecte de manera desproporcionada a un sector clave para la economía creativa y el desarrollo cultural del país".

Cabe mencionar que la Ley de Seguridad Privada entrará en vigencia en su conjunto, seis meses después de la publicación del reglamento de seguridad privada, que se encuentra en tramitación en la Contraloría General de la República.