La Diputada Flor Weisse, integrante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados reaccionó ante el informe de la Contraloría General de la República, que indica que el 70% de los municipios en Chile ha entregado licencias de conducir a deudores de pensiones de alimentos, incumpliendo gravemente la Ley N° 21.389 y, lo más alarmante, en opinión de la parlamentaria, vulnerando los derechos de miles de niños y niñas que dependen de estos pagos para su bienestar. “Esta situación es absolutamente inaceptable y requiere de una adecuación legislativa inmediata, señaló la parlamentaria”.

“Hemos hecho un esfuerzo importante desde lo legislativo para poder apoyar, en su mayoría a mujeres que destinan tiempo y energía para lograr el pago de pensión de alimentos, que se solicitan preferentemente para sus hijos, señalo la Diputada que representa al Distrito 21” por eso es fundamental que los municipios implementen las normativas, procedimientos que permitan el cumplimiento efectivo de la norma.

Para abordar esta problemática, es urgente que se implemente un sistema automático de conexión entre el Registro Nacional de Deudores y los municipios, que impida la entrega de licencias a aquellos que figuren como deudores, señaló la Diputada.

Agrego que es fundamental “que la conexión sea inquebrantable y accesible en tiempo real para todas las municipalidades del país, garantizando que se cumpla la ley sin excepciones”.

Por su parte, la integrante de la Comisión de Mujeres y equidad de Género de la Cámara de Diputados señaló que “es esencial aplicar sanciones severas y ejemplares a los municipios que no respeten la normativa, incluyendo la suspensión de fondos municipales en casos que sea necesario”.

Por último la parlamentaria señalo “que ha comenzado a estudiar un proyecto de ley que permita a “las autoridades locales que autoricen la emisión de licencias de conducir, en estas circunstancias deban asumir responsabilidades, enfrentando sanciones administrativas o incluso penales, dependiendo de la gravedad de la infracción y que otorgue más atribuciones a los Ministerios de Justicia y Transportes para que asuman un rol activo en la supervisión de esta problemática”