El uso y destino de los gastos reservados de la subsecretaría del Interior de Manuel Monsalve. Ese ha sido uno de los temas que ha marcado el bullado caso del exzar de seguridad del Gobierno.

El abultado uso de dinero en efectivo, el cual se dio a conocer desde el primer día de su formalización, llamó rápidamente la atención de la opinión pública y de la Fiscalía.

Con el paso de las semanas, se conoció que no solo pagó las cuentas del restaurante y los viajes del taxi con ese método, sino también su estadía en el hotel, situación que además se repetía cada vez que él se hospedaba allí.

Fue el propio Gobierno quienes, tras un requerimiento de la Comisión Investigadora, especificaron que durante el periodo que Monsalve estuvo en el cargo se utilizaron $847 millones por concepto de gastos reservados.

En ese contexto, una de las preguntas que surgió fue si es que el proceso de “fiscalización” que aplica para este tipo de recursos se había llevado a cabo de forma correcta y qué rol le cabe en el mismo a la ministra o ministro del Interior, superior jerárquico del subsecretario.

Cuando se le consultó a la entonces ministra Tohá por primera vez respondió que "los gastos reservados tienen una regulación, y tienen claramente establecidos de qué manera se rinden, no se rinden a la ministra, tienen otra modalidad de rendición" y que en el caso de su cartera el “proceso de rendición ha funcionado correctamente".

Mientras que, al exponer en la Comisión Invesigadora, la secretaria de Estado explicó que "a la ministra se le entrega el compendio del informe sin rendirle directamente, pero se le entrega el documento del informe para que se presente a la comisión de Inteligencia cada seis meses".

Sin embargo, en noviembre,se revisó la tramitación de la ley que ingresó modificaciones al proceso de gastos reservados, y determinó que hubo una inclusión expresa a la figura del ministro como un “control político”.

En medio de esta disputa de interpretaciones, el diputado Tomás Lagomarsino (IND), quien integra la CEI, ofició a la Contraloría el 26 de noviembre para que el ente emitiera un pronunciamiento sobre el rol del ministro del Interior en el proceso de los gastos reservados.

La respuesta, firmada por la contralora Dorothy Pérez, se envió el 28 de febrero y se subió a la página de la Cámara de Diputados el 3 de marzo.

Las conclusiones de la Contraloría

El documento parte por señalar los antecedentes y el fundamento jurídico que enmarcan las interrogantes del diputado, para luego entrar al análisis y conclusiones del artículo en cuestión.

“En cuanto a lo consultado, corresponde al Subsecretario/a del Interior en su calidad de jefe/a del servicio y al mismo tiempo jefe/a de la unidad operativa respectiva, 'informar por escrito' del uso de los mencionados egresos al Ministro/a del Interior y Seguridad Pública, en la forma señalada en el inciso primero del artículo 4° de la citada ley N°19.863, es decir, 'en carácter secreto y semestralmente'”, parte señalando.

Sin embargo, lo más importante es la interpretación que el organismo realiza respecto al “alcance al deber de información” que recae sobre el subsecretario.

“Se aprecia que este consiste en la entrega de los informes sobre la utilización de los gastos reservados y de los antecedentes suficientes -atendida la naturaleza de esos desembolsos- que permitan a la autoridad ministerial verificar que los recursos han sido utilizados conforme al ordenamiento jurídico, en el cumplimiento de la finalidad pública para la cual fueron otorgados”, concluye la Contraloría.