Varios gremios han apuntado contra la contralora Dorothy Pérez por las acciones que el ente fiscalizador ha tomado los últimos días, y que han calificado como "antitrabajadores".

Desde la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile (Fentramuch), liderada por Fabián Caballero, sostuvieron el pasado sábado que hay un "procedimiento express" de persecución a los funcionarios públicos por el escándalo de licencias médicas y apuntaron contra las medidas "antitrabajadores" surgidas a partir del informe de Contraloría.

En esa línea, mencionó sobre el actuar de la contralora Pérez que "nos llama mucho la atención esta excesiva cobertura mediática que ha tenido. Hemos solicitado, desde el mundo de los trabajadores municipales organizados, auditorías muy similares, pero hemos encontrado desinterés y dilatación. Hay alcaldes que deben miles de millones de pesos en cotizaciones previsionales y eso no se ha investigado con la misma diligencia".

"Además, llama la atención que, en un escenario donde tenemos que elegir al Presidente de la República, senadores y diputados, el tema tenga esta cobertura mediática, que lamentablemente es usada en el debate político para desprestigiar la función pública y para desprestigiar también a los trabajadores públicos", lamentó Caballero.

Junto con asegurar que "de acreditarse todo lo que ya se ha anunciado en este informe, somos los primeros en condenar las actuaciones de funcionarios", cuestionó que en el caso se comenzó a apuntar directamente contra funcionarios, pese a que "hasta el más peligroso criminal en nuestro país tiene derecho a defensa (...) no estamos amparando ninguna conducta que diga relación con alterar los procedimientos y la función pública; estamos protegiendo la función pública".

También reconoció que "estamos conscientes del efecto que ha generado en la sociedad, pero somos trabajadores. O sea, los trabajadores en algún momento también desconocen las normas, los trabajadores también cometen errores, y si aquí un trabajador cometió un error, debe recibir la sanción proporcional que le corresponde".

Sus palabras se suman a las de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), quienes tras conocerse el informe de Contraloría, apuntaron que la labor del ente fiscalizador "es un trabajo que no hay que desconocer, y que son hechos graves. No obstante, nos llama la atención que se pretenda instrumentalizar situaciones, que son irregulares y faltan a la probidad, en contra de las y los trabajadores del Estado".

"Somos enfáticos en señalar que el mal uso de estas licencias es un porcentaje menor respecto de las y los funcionarios que si trabajan de forma correcta y representan lo mejor de la función pública; muchas veces en condiciones precarias, con falta de presupuesto e inestabilidad laboral", sostuvieron desde la organización.

"Desde la ANEF reafirmamos que no defendemos ni defenderemos situaciones irregulares que, insistimos, son hechos graves. Resaltamos, también, el rol del organismo de control para revisar y fiscalizar estos casos", cerraron en un comunicado.

Colegio de Profesores

Otro tema que ha provocado que los dardos se apunten contra Dorothy Pérez se enmarca en el paro de profesores de 48 horas de esta semana, y que según cifras del gremio, tuvo un 75% de adhesión de docentes de la educación pública en todo el país.

"Esto demuestra que efectivamente los temas de la agenda corta son muy sentidos por el profesorado, a pesar de muchas amenazas", mencionó esta mañana el presidente del gremio, Mario Aguilar.

El dirigente hace referencia al oficio enviado por la Contraloría General de la República (CGR) a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) para que detallen los descuentos de remuneraciones de docentes que adhirieron al paro nacional, lo que calificó ayer en una movilización como "antitrabajadores".

En concreto, la Contraloría envió el dictamen N° 52.122 que precisa que los servidores públicos que se ausenten de sus labores por "adherir voluntariamente a una paralización irregular de actividades implica necesariamente el descuento a sus remuneraciones del valor del tiempo no trabajado". Por eso, se solicitó a los SLEP que remitan las medidas adoptadas para enfrentar la paralización y para "hacer efectivos los respectivos descuentos de remuneraciones que procedan", consignó el oficio.

Sobre el tema, Aguilar mencionó que "me resulta muy extraño que justo el oficio sale un día antes del paro y justo horas después aparece la UDI exigiendo que descuente. Suena como una especie de colusión. Justo un sector político aparece avivando la cueca con el oficio que saca la contralora. Es malo que la contralora entre en una suerte de colusión política con algún sector".

"Nosotros tenemos cierta experiencia en esto de las movilizaciones y hay dictámenes de la propia Contraloría, de contralores anteriores, que señalan y se dan cuenta que estas clases en realidad se recuperan. Porque siempre se hace mucho hincapié en que se pierden clases y pierden clases y no se hace hincapié en que todas y cada una de esas clases nosotros las recuperamos, a veces incluso hasta enero", explicó.

En ese sentido, "estos dos días de clases que se perdieron esta semana y el que se perdió anteriormente, en los hechos se recupera. Porque la norma lo obliga. Entonces, ¿qué dijeron contralores anteriores? Si hay recuperación de clases, no procede el descuento".

"Mire, a la contralora todos le celebramos su esfuerzo por las licencias médicas, no mezclemos las cosas, pero la Contraloría ha tenido el último tiempo hartas conductas antitrabajadores", reiteró Aguilar.

Al respecto, referenció un dictamen de la CGR que estableció que la institución ya no emitirá dictamen en materia de "confianza legítima" desde noviembre de 2024. Ello implica que los trabajadores a contrata, de ser despedidos, el caso deberá pasar a manos de los Tribunales de Justicia, y la institución que Pérez dirige debe abstenerse.

Sobre esto, el presidente del Colegio de Profesores acusó a la contralora de que "borró un derecho con su dictamen contrario a la confianza legítima y en los hechos, ha significado nuevamente volver a esta situación de precariedad de los trabajadores y trabajadoras del sector público que están a contrata (...) y ahora esto de amenazar, cuando había dictámenes anteriores de la propia Contraloría que decían: si hay recuperación, se paga.

Ahora ella está diciendo que no. Tenemos perfecto derecho a decir 'chuta, esto está medio extraño'".