La Cámara de Diputados despachó a ley el esperado proyecto que reduce la cuestionada "permisología", a través de la reducción de la tramitación para concretar inversiones. Según informó el Ministerio de Economía -que estuvo a cargo de sacar adelante la iniciativa-, para grandes iniciativas de infraestructura o energía la reducción de los tiempos alcanzará un 30%, mientras que para los proyectos de baja complejidad será de hasta un 70%.

La normativa incluye el reemplazo de ciertos permisos por declaraciones juradas, plazos máximos para que los organismos públicos otorguen las licencias, y una ventanilla única, que permita agrupar toda la tramitación en una única entrada, entre otros.

Tras el despacho del proyecto, el mundo empresarial aplaudió. "Permitirá acortar los plazos de tramitación de proyectos de inversión, y con ello, acelerar su materialización, con los consecuentes beneficios en generación de empleo y crecimiento", expresó la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez. De todas formas, desde los gremios empresariales creen que este es solo un primer paso, ya que aún restan desafíos por resolver.

"Lamentamos que no se incluyeran lo relativo a la institucionalidad medioambiental y lo del Consejo de Monumentos Nacionales, que son los que más demoras causan en la tramitación de proyectos en la actualidad", planteó Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Muchos, de toda formas, comenzaron a preguntarse cuáles serían las consecuencias concretas en la economía local de la nueva ley y desde qué momento podrían comenzar a notarse.

Cómo impactará a la Economía

Desde el Gobierno han puesto énfasis en los efectos positivos para la economía que tendría la entrada en vigencia del proyecto de ley. Según señalaron ayer, se proyecta una recaudación adicional equivalente a un 0,59% del PIB, gracias a la activación anticipada de proyectos actualmente detenidos por barreras burocráticas.

También indicaron que, al facilitar la ejecución de obras públicas y privadas, se generará un efecto multiplicador en el empleo, tanto directo como indirecto, en sectores como construcción, comercio, salud y servicios.

Según estimaciones del Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial, en tanto, la ley contribuirá con un aumento del PIB de 2,4% en 10 años, lo que equivale a 0,24 puntos porcentuales por año. Desde el mundo académico también ven impactos positivos, aunque agregan matices.

Santiago Truffa, académico del Centro de Estudios Inmobiliarios de la Escuela de Negocios ESE de la Universidad de los Andes, dice que lo que habría que esperar es que entre más proyectos. No obstante, aclara que la inversión "depende de muchas otras medidas; de las perspectivas de crecimiento, de la economía internacional, de las condiciones financiares locales".

Benjamín Villena, profesor asociado Instituto de Políticas Económicas de la Unab, por su parte, indica que los "resultados finales en magnitudes y tiempo dependerán de cómo se pongan en práctica estas medidas, considerando periodos de implementación de la ley, interpretación de las normas, elaboración de reglamentos".

"En la medida que sea posible poner en marcha lo propuesto sin desdibujarlo, puede existir un impacto importante en el mediano plazo, en el rango de 2 a 5 años, ya que existe una acumulación significativa de proyectos de inversión esperando luz verde", explica asimismo.

"Los efectos sobre proyectos nuevos -complementa- generados en parte por una expectativa de tiempo de tramites menor, se ven más lejanos en el tiempo, probablemente en el rango de 5 a 10 años".

También en relación a los plazos, Cristóbal de la Maza, académico de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la U. San Sebastián indica que "si bien algunas medidas entran en vigencia de manera inmediata, para que las mejoras en plazos esperadas se concreten se requiere instalar estas nuevas exigencias.

Esto puede tardar al menos 18 meses, por lo que recién el 2027 se podría entrar a una operación en régimen del proyecto". Rodrigo Montero, decano de la facultad de administración y negocios de la U. Autónoma, es menos optimista en relación al proyecto.

Dice que es "una buena señal, como un buen primer paso, pero que en ningún caso debería transformarse en un punto de inflexión en lo que a nuestra tasa de crecimiento se refiere". "Se está despejando un tema administrativo de gestión burocrática, sin embargo el crecimiento viene dado por los proyectos que finalmente se ejecutan, por ende no basta solamente con limpiar el camino, sino que también hay que empujar proyectos de inversión nuevos y esos son los que al final del día determinan cambios significativos en las trayectorias de crecimiento de los países", sentencia.

En la industria minera hay quienes ven con muy buenos ojos lo aprobado. Pablo Faúndez, de GEM Mining Consulting, comentó que "la reducción que genera la ley podría provocar un aumento de entre 1 y 2 puntos al PIB nacional". Dice que estos impactos, en todo caso, "será difícil verlos materializados hasta por lo menos fines de 2026".