Un nuevo flanco se le abre al Gobierno y a la candidata presidencial progresista, Jeannette Jara, luego de que un grupo de parlamentarios oficialistas recurrieran al Tribunal Constitucional por cuestionamientos al proyecto que simplifica y reduce los tiempos de tramitación de proyectos sectoriales.

Tras la aprobación de la iniciativa en el Congreso después de dos años de tramitación, más de 40 parlamentarios oficialistas fueron al TC ante cinco artículos específicos que vulnerarían la Constitución.

Desde la oposición apuntan a falta de gobernabilidad y emplazan a la candidata Jara a dar su punto de vista en este tema.

El diputado Diego Schalper (RN) sostuvo que "yo quiero emplazar públicamente a Jeannette Jara, que nos explique porqué parlamentarios oficialistas están interponiendo un requerimiento de inconstitucionalidad frente a un proyecto de ley del gobierno, que fue establecido por el Presidente Boric como una de sus prioridades para reactivar la economía".

"Entonces, candidata Jara, ¿de qué lado va a estar usted? ¿Del lado del desarrollo económico, de la reactivación o va a estar del lado de lo que están planteando sus parlamentarios aquí en el Congreso?", manifestó.

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) anadió: "Yo le quiero preguntar a Jara con quién está ella: Con el Gobierno, que quiere que la ley de permisología funcione rápido para que Chile crezca, o con los parlamentarios de gobierno, incluidos algunos del Partido Comunista, que quieren trancar la pelota y no quieren seguir, sino que muchos de sus artículos dejarlos sin efecto a través del TC, que se defina".

Parlamentarios explican objeciones

El diputado Luis Cuello (PC), firmante del requerimiento, precisó que "es una forma de aprovechar esta diferencia. No es un tema de gobernabilidad, esto no es un flanco ni mucho menos, sino que algo que es completamente normal, a mi juicio se trata de diferencias que pueden ser normales y en este caso una apreciación que tiene que ver con eventuales vulneraciones a derechos constitucionales que van a ser materia del Tribunal Constitucional, que tendrá que decidir si tiene o no fundamento el requerimiento, pero los cuestionamientos fueron planteados de forma abierta y transparente en una coalición que además es diversa".

Jorge Brito (FA) dijo que "hay una falta de acoger los planteamientos que ha realizado nuestra bancada en el Ministerio de Economía y hemos tenido una diferencia con la conducción del ministro de Economía, que si bien es de nuestro partido, nosotros estamos en el deber de advertir cuando creemos que las normas que impulsan son contrarias al interés nacional".

Ante esta situación, el ministro de Economía, Nicolás Grau, precisó que "dentro del oficialismo y también dentro del Ejecutivo, hay una preocupación ambiental muy importante, y el hecho de que algunas organizaciones hayan planteado que esto tenía un efecto ambiental, generó esta definición".

"Nuestra diferencia con los parlamentarios es que este proyecto de ley no interviene en lo ambiental. Lo que nosotros haremos como Ejecutivo, si este requerimiento prospera, entregaremos nuestros argumentos, creemos que hay bases sólidas para señalar que no hay ninguna norma que contravenga la Constitución", expresó.