Además de anunciar una investigación por viajes fuera del país entre 2024 y 2025 durante el período de licencias médicas en el sector privado, la superintendenta (s) de Seguridad Social, Patricia Soto, solicitó al Congreso Nacional respaldar la creación de la Intendencia de Licencias Médicas, tras el escándalo que destapó la Contraloría respecto de funcionarios públicos.

La solicitud fue presentada en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que analiza los actos del Gobierno en relación con el mal uso de licencias médicas.

Soto explicó que actualmente la Superintendencia cuenta con la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Intendencia de Beneficios Sociales, esta última encargada de regular 14 regímenes de seguridad social, entre ellos, las licencias médicas.

En ese contexto, la superintendenta hizo el llamado al Parlamento con el objetivo de "visibilizar y direccionar mejor el beneficio, porque la carga de trabajo que tiene el tema de licencias médicas en Chile es muy grande".

"Yo creo que bien se merece nuestra superintendencia después de 97 años y que se merece nuestro país con un beneficio que hoy día es tan transversal y es tan importante", añadió.

Soto precisó que "si no existe ninguna posibilidad que iniciemos un proyecto de ley en esta materia, de todas maneras como superintendenta voy a proceder a crear al interior de la Intendencia de Beneficios Sociales el Departamento de Control de Licencias Médicas, porque para eso no requiero ninguna modificación legal". Sin embargo, la solicitud generó opiniones divididas entre los parlamentarios.

En contra

El diputado Miguel Ángel Becker (RN) señaló que "no se justifica en absoluto". "El tema aquí es hacer las cosas bien, sancionar a los delincuentes que pretenden aprovecharse de este tema y lograr recursos públicos que no le corresponden", añadió.

A su juicio, "el trabajo de la Suseso a la fecha ha sido absolutamente deficiente. Ya en 2018 habían puesto algunas alarmas con respecto a la situación de las licencias médicas, pero no le dieron continuidad a ese trabajo. Y por otro lado, sacaron de los equipos de Suseso a personas que habían ganado su espacio por alta dirección pública, por un tema político, y que resulta que fueron ellas precisamente las que estaban procurando hacer un convenio con la PDI con el propósito de tener más información con respecto a este tema".

Desde el Partido Republicano, el diputado Agustín Romero criticó duramente la propuesta: "El problema de las licencias médicas en Chile no se resuelve creando más burocracia. La propuesta de una nueva Intendencia en la Suseso parece más un maquillaje institucional que una solución de fondo". "Si el Gobierno realmente buscara eficiencia, comenzaría por sancionar a quienes abusan del sistema, incluyendo a funcionarios públicos, trabajadores del sector privado y a quienes emiten licencias fraudulentas con total impunidad.

La Suseso ha mostrado una preocupante pasividad frente a este fenómeno, especialmente respecto de quienes compran licencias médicas para fines distintos al reposo médico", agregó.

Finalmente, sostuvo que "lo que se requiere es mayor fiscalización, tanto a los emisores como a los solicitantes de estas licencias; inversión en tecnología; y, sobre todo, coraje político para sancionar.

Lo que no se necesita son más cargos ni oficinas. Chile está cansado de estructuras que no resuelven nada y que terminan encubriendo la ineficiencia con nuevos nombres".

A favor

Por el contrario, el diputado Daniel Lilayú (UDI) valoró la propuesta: "Me parece muy bien que todo lo que sea instituciones o mecanismos para fiscalizar los millones y millones de dólares que está perdiendo el país, me parece muy bien" Y criticó que el organismo "empezó a actuar después en forma reactiva de lo que dijo la Contralora".

En la misma línea, el diputado Héctor Ulloa (Ind.-PPD) respaldó la iniciativa: "Son más de 8 millones de licencias médicas las que se emiten cada año en nuestro país, y 8 personas en dicha repartición evidentemente no alcanzan a ser una actividad fiscalizadora como la que debe hacerse. Así que apoyar estas peticiones de parte del organismo público y, al mismo tiempo, investigar una tremenda y una verdadera mafia que está detrás de la emisión de estas licencias médicas".

Desde el Frente Amplio, la diputada Javiera Morales sostuvo que "la superintendenta de Seguridad Social informó que iba a crear un departamento de licencias médicas que va a tener el objetivo de destinar mayores recursos institucionales a la fiscalización de las licencias, el uso y también abuso por parte de beneficiarios y de grandes emisores.

Creo que siempre es buena idea fortalecer la institucionalidad y eso tendrá que analizarse en el momento de la ley de presupuestos según cómo funcione este departamento". "Me parece que es necesario reforzar la institucionalidad porque de la presentación de ayer quedó claro que las facultades existían y lo que faltó fue ejercerlas.

Y es por eso que una medida como la generación de este nuevo departamento puede colaborar y redirigir los esfuerzos de la superintendencia a donde tienen que estar, que es fiscalizar el uso de los recursos", concluyó la parlamentaria.