Cinco organizaciones tributarias emitieron una dura declaración conjunta manifestando una "profunda preocupación" por lo que consideran un progresivo deterioro del sistema tributario chileno, con énfasis en la labor del Servicio de Impuestos Internos (SII) y el manejo de su director, Javier Etcheberry, quien lleva 10 meses a cargo del organismo.

En concreto, se trata de un escrito firmado por la Comisión Tributaria del Colegio de Abogados de Chile, el Colegio de Contadores, el Instituto Chileno de Derecho Tributario (ICHDT), IFA Chile y la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios (Fesit) A través de dicho comunicado, las organizaciones advirtieron sobre "un deterioro en el respeto de los principios de legalidad y proporcionalidad en la aplicación de los impuestos, los derechos de los contribuyentes consagrados en el Código Tributario y en general la falta de seguridad jurídica y eficiencia que presenta el sistema tributario".

La declaración sostiene que los profesionales vinculados al trabajo tributario han detectado múltiples situaciones que estarían afectando "gravemente los pilares fundamentales" del sistema, entre ellas, cambios en los criterios administrativos del SII, bloqueos masivos de acceso a la plataforma web del servicio, excesivas demoras en devoluciones de impuestos y un uso creciente de algoritmos que emiten automáticamente resoluciones sin que se conozcan sus fundamentos.

Rechazo sistemático a peticiones administrativas

Uno de los principales cuestionamientos es el incremento en el rechazo de recursos administrativos como la Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF), cuya tasa de rechazo pasó del 42,7% en 2023 al 88,3% en lo que va de 2025. "El Servicio de Impuestos Internos (SII) cambió sus criterios de revisión históricos, ampliamente legitimados por toda la comunidad tributaria, afectando gravemente el derecho a defensa frente a la administración", señala la declaración.

Los firmantes denuncian que los nuevos criterios del SII privan a los contribuyentes del derecho a errar o corregir sus declaraciones. Además, indican que los medios de prueba presentados "no se ponderan debidamente" y que no ha existido notificación previa de estos cambios, ni modificaciones legales que los respalden.

Bloqueo de claves y anotaciones poco claras

Las entidades también acusaron que se ha producido un bloqueo masivo de claves de acceso a la web del SII, lo cual ha afectado la operatividad de empresas y personas naturales.

Estas restricciones se habrían acompañado de "anotaciones poco claras" como la denominada "anotación 52", que impide a los contribuyentes comprender su situación y cómo regularizarla. En este punto, citaron un reciente fallo de la Corte Suprema que refuerza su posición. "No existe norma alguna que faculte (al SII) a bloquear el acceso a la plataforma virtual".

Devoluciones demoradas y el uso de algoritmos sin transparencia

Otro de los aspectos denunciados es la excesiva dilación en los procesos de devolución de impuestos. Según el comunicado, los procedimientos se han vuelto más exigentes y en algunos casos se solicitan antecedentes "no directamente vinculados con la petición", lo que perjudica la disponibilidad del patrimonio de los contribuyentes.

Asimismo, las organizaciones alertaron sobre el incremento en la emisión automatizada de notificaciones y resoluciones por parte del SII a través de algoritmos, sin que estos sean públicos ni conocidos por los contribuyentes. "Dichos algoritmos o criterios de emisión no han sido revelados a los contribuyentes, afectando con ello su derecho a la defensa y la certeza jurídica", señalaron.

Obstáculos en trámites básicos

Con todo, los organismos hicieron un llamado a las autoridades para abordar con urgencia estas problemáticas. "Por ello, las instituciones firmantes hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes para abordar urgentemente las situaciones expuestas, y nos ponemos a disposición de ellas para colaborar en la búsqueda de soluciones a estos graves problemas y generar mecanismos eficaces para canalizar estas inquietudes, con el objeto de fortalecer los principios de legalidad, de buena fe, el respeto de los derechos de los contribuyentes y el adecuado funcionamiento del sistema tributario", concluyeron.