En Chile el consumo de agua potable, que corresponde al volumen registrado por los medidores domiciliarios y facturado a los clientes, es bastante inferior a la cantidad de agua potable producida por las empresas sanitarias.

La diferencia existente entre ambas -consumo y producción- se conoce como "agua no facturada (ANF)".

Según la clasificación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), esta se explica por "consumos no facturados" por las concesionarias por usos sociales (bomberos) o propios, entre otros. Otro componente son "pérdidas aparentes", donde figuran errores en medidores, conexiones clandestinas y fraudes.

Por último, están las "pérdidas físicas", que son fallas en las redes de agua (filtraciones) y las que más inquietan a la autoridad y empresas en el actual contexto de extrema sequía.

En la última década, las aguas no facturadas rondan el 33% y en la última medición disponible esto subió levemente: pasó de 32,96% en 2019 a 33,4% en 2020, indica un reciente informe de la SISS. El superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, admite que éste "es uno de los temas de preocupación, especialmente en aquellas regiones afectadas por la escasez hídrica en que debemos tender a un uso lo más eficiente posible del recurso".