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Crónica
Salud
28/05/2025
El Gobierno puso en marcha el proceso de sumario para cerca de 6.600 funcionarios que viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica tras el polémico informe de la Contraloría General de la República, que detectó que cerca de 25 mil empleados públicos llevaron a cabo dicha práctica entre 2023 y 2024.
Según explicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el proceso no debería ser demasiado extenso, ya que se centra solamente en tres preguntas clave: la causal de la licencia, cuáles fueron los viajes y los motivos de estos desplazamientos al extranjero.
Posteriormente, el sumario constará de tres etapas principales:
La gran cantidad de sumarios que serán ingresados representa un desafío considerable para las Contralorías Internas de las diversas reparticiones públicas. Para remediar esta problemática, se contempla la posibilidad de solicitar el apoyo de empleados de planta y contrata para la realización de dichas labores.
Lilia Jérez, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago (Usach), detalló los requisitos para quienes puedan apoyar en el masivo proceso sumatorio: "Cada servicio tiene una unidad o departamento en particular que es encargada de llevar los sumarios, normalmente se llama 'Contraloría Interna', donde hay funcionarios que específicamente se dedican a hacer estos procedimientos investigativos en calidad de fiscales, pero no obsta a que, por instrucción del jefe superior del servicio, se pueda nombrar a otros funcionarios fuera de esta planta normal de funcionarios para poder hacer estas investigaciones".
"Se puede escoger a cualquier funcionario que tenga la calidad jurídica de planta o contrata. Sí hay un tema que es un tema jurídico que es el grado. El fiscal, en estricto rigor, tiene que ser de un grado igual o superior a la persona que está siendo investigada", puntualizó la exdirectora del Trabajo.
Una duda que surgió tras el balance del Gobierno es la situación de los 1.102 funcionarios que renunciaron antes de que se les abriera un sumario, cifra que probablemente es mucho mayor si se lleva a municipios u otras instituciones.
La vía administrativa no se ve como una opción para el Ejecutivo puesto que a los acusados, al dejar la función pública, no se les puede abrir un proceso de sumario ni tampoco ordenar directamente la restitución de los fondos, ya que éstos se hacen por descuento de remuneraciones, pero ellos ya no están recibiendo sueldo fiscal.
Debido a lo anterior, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, explicó que el Gobierno recurrirá a las vías judiciales: "A mi entender, están por un lado las responsabilidades administrativas que se hacen aplicables a través del sumario, pero podrían haber responsabilidades civiles y penales: penales en la eventual comisión de un delito, y civiles cuando finalmente se genera un daño patrimonial al Estado".
"Por eso hemos señalado que la información consolidada respecto a todos los casos se va a entregar al Consejo de Defensa del Estado, para que presente las eventuales demandas civiles para indemnizar perjuicio para devolver la plata, o eventualmente querellas criminales en caso de que se haya cometido un delito", complementó el secretario de Estado.
Luego de que se dio a conocer el informe de Contraloría respecto al mal uso de las licencias médicas, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, ordenó la desvinculación de 126 funcionarios de su corporación municipal.
En respuesta, el Sindicato de Asistentes de la Educación de Ñuñoa emitió un comunicado con siete recomendaciones, donde el quinto punto llamó la atención de Sichel, puesto que señala "hablar con su médico tratante y solicitarle un documento en el que autoriza que usted haya salido del país durante la licencia médica", incluso si esto ocurría después del viaje.
