Un nuevo proyecto de ley ingresó al Congreso con el objetivo de prohibir el comercio ambulante en las inmediaciones de edificios públicos, buscando reforzar la seguridad, el orden y el libre tránsito en espacios de alta concurrencia ciudadana.

La iniciativa plantea que quedará restringida la instalación de vendedores informales en un perímetro determinado alrededor de municipalidades, tribunales, servicios públicos y otras dependencias estatales. Según los autores de la propuesta, esta medida pretende resguardar la integridad de los usuarios, evitar aglomeraciones y reducir focos de informalidad que en ocasiones derivan en situaciones de inseguridad.

Asimismo, el proyecto contempla sanciones administrativas y económicas para quienes incumplan la normativa, con la posibilidad de que las municipalidades ejerzan un rol más activo en la fiscalización.

Los impulsores de la iniciativa recalcaron que el objetivo no es afectar a quienes dependen de esta actividad económica, sino ordenar el espacio público y asegurar que los accesos a los edificios estatales estén siempre despejados, permitiendo un mejor funcionamiento de los servicios que diariamente atienden a la comunidad.

El debate ahora queda en manos de las comisiones parlamentarias, que deberán analizar el alcance de la medida, escuchar a distintos actores sociales y definir si se avanza en su aprobación.