En una decisión que marca un precedente en materia de probidad institucional, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, resolvió la destitución del fiscal adjunto de Los Ángeles, Rodrigo Durán, luego de un sumario administrativo que concluyó que el persecutor filtró información reservada hacia un estudio jurídico en el cual trabajaba su esposa.

El caso se remonta al año pasado, cuando comenzaron a circular sospechas sobre un eventual traspaso de antecedentes desde la Fiscalía hacia un bufete local de abogadas.

El Ministerio Público abrió un sumario administrativo que finalmente acreditó que Durán, en al menos dos oportunidades, compartió información relativa a imputados que mantenían relación profesional con el estudio jurídico de su cónyuge, la abogada Andrea Romero.

Si bien inicialmente se evaluó aplicar una sanción de suspensión temporal, la gravedad de los hechos llevó al Fiscal Nacional a optar por la destitución definitiva, considerando que la conducta afectaba de manera directa la confianza pública en el sistema de persecución penal.

Defensa y recursos pendientes

El abogado defensor de Durán, José Luis Andrés, expresó su rechazo a la medida, asegurando que existen fundamentos para revertir la sanción. Según explicó, la resolución no está firme, ya que la defensa presentó un recurso de reposición que deberá ser evaluado en instancias superiores dentro del propio Ministerio Público.

Repercusiones judiciales

Paralelo al sumario administrativo, el fiscal destituido enfrenta una causa penal en la Fiscalía Regional de Ñuble, que investiga si la filtración de información configura delitos asociados al mal uso de antecedentes confidenciales y a la vulneración de deberes funcionarios.

Fuentes cercanas al proceso sostienen que, de acreditarse responsabilidad penal, Durán podría enfrentar no solo inhabilitación perpetua para cargos públicos, sino también sanciones de carácter penal.

Contexto institucional

La destitución ha sido interpretada como un mensaje claro del Fiscal Nacional respecto de la tolerancia cero frente a conductas que comprometan la integridad del Ministerio Público.

Valencia recalcó que la transparencia y la probidad son pilares del trabajo de los fiscales, subrayando que “nadie está por sobre las normas que resguardan la labor de la institución y la confianza ciudadana”.

Analistas coinciden en que este episodio reabre el debate sobre los mecanismos de control interno en el Ministerio Público y la necesidad de reforzar protocolos que eviten conflictos de interés.

La salida de Rodrigo Durán no solo deja vacante un cargo clave en la Fiscalía de Los Ángeles, sino que además instala un precedente respecto de la responsabilidad ética de los persecutores. La resolución, en tanto, aún podría modificarse dependiendo de la revisión de los recursos pendientes, mientras la causa penal sigue su curso.