La precariedad de la infraestructura escolar en las zonas rurales del Biobío parece seguir como un desafío pendiente. Escuelas con problemas de habitabilidad, servicios básicos deficitarios y proyectos que se acumulan en el tiempo configuran un panorama donde la normativa avanza, pero la realidad aún arrastra brechas.

A raíz de diversas interrogantes sobre esta materia, desde la Seremi de Educación del Biobío, su coordinadora regional de Infraestructura, Carla Hitschfeld, detalló que cualquier reposición o mejoramiento de establecimientos se rige por el Decreto n.º 254 de 2018, el cual regula la asignación de recursos públicos en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Educación Pública.

Dicho programa busca elevar la calidad del servicio educativo mediante inversiones en infraestructura, equipamiento, innovación y desarrollo de capacidades.

En adición, explicó que la responsabilidad de postular proyectos recae en los sostenedores —municipios, corporaciones municipales y servicios locales de educación (SLEP)—, quienes deben ingresar las iniciativas en una plataforma digital permanente con antecedentes técnicos y legales.

Una vez ingresados, los proyectos son evaluados bajo criterios como matrícula, Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE), cobertura, nivel de deterioro, modalidad educativa, condición de ruralidad o zona extrema y costos estimados. Estos parámetros se ponderan en cada convocatoria con el fin de garantizar objetividad e igualdad en la asignación de recursos.

Superada la etapa técnica, una Comisión de Selección integrada por funcionarios de la Dirección de Educación Pública y la Subsecretaría de Educación analiza los proyectos y propone cuáles podrían recibir financiamiento, aunque la decisión final corresponde al director de Educación Pública, mediante acto administrativo fundado.

El reglamento también contempla asignaciones directas en casos excepcionales —catástrofes, urgencias o fuerza mayor—, siempre que los proyectos cuenten con elegibilidad técnica. Sin embargo, este mecanismo no puede superar el 30 % de los recursos anuales disponibles para infraestructura, de acuerdo con la Ley de Presupuestos.

Adicionalmente, cada transferencia de recursos está sujeta a la firma de un convenio entre la Dirección de Educación Pública y el sostenedor, que establece compromisos de ejecución, seguimiento y rendición de cuentas, además del uso exclusivo de los fondos para fines educacionales.

En paralelo, cuando es un municipio quien busca financiamiento a través del Gobierno Regional, la postulación debe realizarse en las plataformas específicas de ese fondo, y la priorización queda a cargo de la comisión regional, bajo criterios técnicos, sociales y financieros.

Por nombrar un ejemplo reciente, la firma del convenio —entre el municipio y el Gobierno Regional— para construir el nuevo edificio del Liceo Andrés Alcázar en Tucapel se convirtió en la mayor inversión pública en la historia de esa comuna: más de $6.700 millones para levantar un recinto moderno y sustentable que beneficiará a más de 450 estudiantes.

El proyecto, ampliamente celebrado por autoridades locales y regionales, representa un hito para una localidad que llevaba años esperando mejores condiciones educativas. Sin embargo, iniciativas de esta magnitud son todavía la excepción en una región donde muchas escuelas rurales siguen a la espera de soluciones estructurales.

Desafíos estructurales

Con el fin de conocer la percepción del territorio, desde la provincia de Bío-Bío, en diálogo con el presidente de la Asociación de Municipios Cordilleranos (AMCORDI) y alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia, este analizó las carencias y posibilidades de mejora en infraestructura educativa que poseen las comunas que hoy representa.

Según expuso, persisten deudas relevantes en comunas vecinas, como la reposición pendiente de la escuela de Santa Bárbara, destruida por un incendio, y el atraso en la finalización de la escuela de Ralco.

En contraste, relató que en su comuna (Quilaco) se han concretado avances importantes. “La escuela Loncopán quedó nueva con $300 millones y la básica Rucalhue con $180 millones. Hoy invertimos $450 millones en el liceo, nuestro único establecimiento de ese nivel”, señaló. Agregó que también se presentó un proyecto para mejorar la escuela de Campamento, con el objetivo de asegurar condiciones dignas de enseñanza.

El jefe comunal remarcó que su gestión ha estado enfocada en dejar los colegios en buen estado antes del traspaso al SLEP. “Estamos destacados en la región porque podemos entregar nuestros colegios al nuevo servicio en buenas condiciones. Eso nos preocupaba y lo hemos logrado”, indicó, aunque precisó que el traspaso aún no se concreta. “Todavía estamos funcionando como sostenedores”.

El alcalde recordó que al inicio de su gestión las condiciones eran muy precarias. “Había escuelas con vidrios quebrados, pisos con termitas y baños que no funcionaban, donde había que echar agua con un balde; eso no puede seguir pasando”. “Si queremos calidad, necesitamos buenos colegios”, sostuvo. A su juicio, la primera tarea del SLEP debe ser mejorar de manera integral la infraestructura del territorio.

Otro punto que remarcó fue el transporte escolar, un factor crítico en zonas apartadas. “Tenemos estructuras rurales donde no hay transporte público. Los niños dependen del transporte municipal y eso no se puede descuidar”, advirtió, subrayando que la infraestructura no puede analizarse de manera aislada, sino junto a servicios de conectividad que garanticen acceso real a la educación.

Respecto de la coordinación institucional, Urrutia valoró la disposición del Mineduc y del Gobierno Regional, aunque admitió que no todas las comunas cuentan con equipos técnicos capaces de levantar proyectos de calidad.

Provincia de Arauco

Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipios de Arauco (Arauco 7) y alcalde de Cañete, Jorge Radonich, aseguró que, en términos de infraestructura escolar, la situación general no es crítica, “salvo aquellas escuelas en las cuales ha habido algún incendio o un deterioro fuerte”, precisó.

Radonich remarcó que los problemas principales no pasan por el estado físico de los recintos, sino por otros factores. “Hay aspectos que realmente son relevantes y que el Ministerio de Educación y el Estado deben poner mucha más preocupación, especialmente en la provincia de Arauco”, indicó, apuntando al rol del Estado como responsable directo en materia educativa.

Uno de los puntos más sensibles es el transporte escolar. Según explicó, gran parte de los colegios de la provincia se ubican en sectores rurales y dependen exclusivamente de la movilización municipal.

“Todos tenemos déficit ahí, no alcanzamos a cubrir y tenemos que hacer enormes esfuerzos para financiar la movilización y que nuestros alumnos no queden sin este elemento tan importante”, subrayó.

Sobre la capacidad de competir por recursos, Radonich admitió que las comunas de Arauco están en desventaja frente a municipios con equipos profesionales más grandes. “Al competir a nivel nacional, nos enfrentamos con municipalidades que tienen equipos tremendos. En la provincia de Arauco cuesta más, por eso creemos que debiera haber una mirada distinta, porque somos un territorio con muchas complejidades”, afirmó.

Finalmente, planteó la necesidad de que el Ministerio de Educación reciba directamente a los siete alcaldes de la provincia. “Nos gustaría que el ministro nos recibiera como corresponde a Arauco 7. Hemos hecho intentos, pero no hemos tenido respuestas positivas”, finalizó.