Una nueva polémica surgió durante los últimos días, tras una investigación que reveló la asistencia irregular de funcionarios públicos a casinos de juego, estando bajo licencia médica.
En ese contexto, los Servicios de Salud a nivel regional no están exentos de esta situación, ya que, en total, según el último informe de Contraloría, suman 686 funcionarios que habrían cometido dicha falta.

El hecho es considerado grave, tanto para el Ministerio de Salud como para parlamentarios, pues dichos empleados son quienes deben estar atentos a solucionar los problemas médicos de las personas.

Desde el Servicio de Salud Concepción, informaron que recibieron el informe de la Contraloría con una nómina de 322 involucrados; en el Servicio de Salud Talcahuano suman 160; el Servicio de Salud Biobío informó de 143 y el de Arauco 58.

Los organismos indicaron que están iniciando procesos administrativos, según instrucción de Contraloría, para determinar responsabilidades y explicaron que en caso de determinarse eventuales responsabilidades, los procedimientos disciplinarios podrían ir desde la censura hasta la destitución, según la acreditación y gravedad de los hechos.

Ministerio de Salud

Verónica Bustos, jefa de la División de Gestión de las Personas del Ministerio de Salud, señaló que el acceso de la población a los servicios de salud es la principal responsabilidad y motivación de la gran mayoría de los trabajadores de salud y que con respecto al mal uso de las licencias médicas corresponde determinar, a través de un proceso disciplinario, la eventual falta a la probidad y aplicar las sanciones pertinentes, siendo responsabilidad de cada servicio de salud quien debe determinar las medidas y sanciones a aplicar con reserva hasta su finalización.

Aseguró que rechazan categóricamente el mal uso de las licencias médicas, pues se trata de un instrumento de protección social que debe resguardarse para quienes lo necesitan y, que no toleran los fraudes que dañen la confianza de la ciudadanía, pues debilitan el funcionamiento del sistema. “Nuestro compromiso es con la probidad, con el fortalecimiento de los principios que rigen el trabajo público y el resguardo de este derecho para quienes de verdad lo necesitan”.

Aseveró, que cada uno de los informes de los informes de la Contraloría, incluyendo (CGR incluyendo el CIC N°15) primera acción en que Compin rechaza las licencias que correspondan, lo que habilita el reintegro de sueldo por los días no trabajados. Es un proceso reglado y los funcionarios pueden interponer apelaciones, siendo el principio general que éstos sólo pueden recibir pago por las horas efectivamente trabajadas.

Miguel Alarcón, presidente de Fenats, del Servicio de Salud Concepción, dijo que estos serían de hospitales dependientes de este servicio. “En su gran mayoría son profesionales que ganan más de un millón de pesos, porque una auxiliar del servicio que 300 o 400 mil pesos no va tener plata para ir al extranjero o a jugar aun casino (…) yo estoy de acuerdo con los sumarios, pero lamentablemente no sé si la gente después de la pandemia se pegó en la cabeza y se aprovechó del sistema, lo mismo sucedió con la marcación, que marcaban desde su casa”.

Aseguró que le parece grave, pues está involucrado el médico que le otorgó la licencia y el que se la tomó y, que dichos facultativos no deberían trabajar en la administración pública y en especial en salud, donde el objetivo es la atención de la población. Y hoy día teniendo una brecha o una lista de espera de casi dos años, me parece impresentable.

Opinión de parlamentarios

Para el diputado ecologista, Félix González, el problema del mal uso de las licencias médicas en funcionarios públicos, se está haciendo costumbre, y que la controlara Dorothy Pérez está haciendo un cambio cultural, que amerita sumarios y sanciones pertinentes para que la situación deje de ocurrir.

En la misma línea, la diputada Karen Medina, (Ind-DC), valoró el esfuerzo de la contralora de destapar un secreto a voces, que todos sabían que existía, pero que nadie sancionaba y que ahora está probado por Contraloria.

Dijo que se debe avanzar en que todos los servicios públicos tengan derecho a réplica, pero dejando en claro en que es una conducta que no corresponde, que merece sanciones e, incluso, despidos.
En tanto, el diputado DC, Eric Aedo, consideró que el que casi 700 funcionarios de los servicios de salud estando con licencia asistan a casinos de juegoses falta de probidad y cree que deberían devolver el dinero de la licencia médica, lo más pronto posible, porque hay un gasto en salud en contratación de reemplazos para cubrir la licencia, que pagan con impuestos todos los chilenos.

Parte legal

En el uso de licencia médica que fueron utilizadas o mal utilizadas al concurrir al casinos de juegos, según Cristian Muñoz, abogado y socio fundador de Muñoz abogados y Cía., hay una discusión, pues el registro de casinos se usó para fiscalizar la edad y prohibiciones de ingreso, no para que Contraloría investigara a funcionarios. “Por lo que hay un problema de origen: Se fuerza un uso que la norma no contempla y resulta complejo que la prueba que se quiere usar para sancionar funcionarios podría ser ilícita, porque ese registro nunca fue pensado para este tipo de procedimientos”.

El profesional aseveró que la licencia médica es decisión exclusiva del médico. Por lo tanto, si se cuestiona su validez, primero se debe investigar si la patología existío, no partir de la sospecha de fraude. El punto de fondo no es si alguien fue al casino, sino si la licencia era falsa.

Comentó que Contraloría está adelantando la barrera punitiva e investiga con pruebas que no tienen un sustento legal claro.  “Esto presenta un choque de derechos”, explicó.
Desde esa perspectiva, dijo, el hecho de que, eventualmente, se aperturen sumarios, implica que deben investigar acuciosamente, el origen de la licencia médica, si es que la patología existió o no existió y si no existió se va a encuadrar dentro de la segunda figura punitiva, que es la obtención fraudulenta de beneficios previsionales.

En ese caso, aseveró, podría existir algún tipo de sanción, pero el problema va a ser la prueba, salvo que lo reconozca. Aunque según recalcó, la primera declaración que se hace en un casino “y como proviene del procedimiento inquisitivo, aquí el derecho a guardar silencio no existe como derecho propiamente tal en el ámbito legal administrativo, sino que, muy por el contrario, se obliga a tener que declarar. Desde ahí, naturalmente, existe una dicotomía de derechos”.

El abogado explicó que desde el punto de vista de la sanción la falta de la probilidad va desde el ámbito sancionatorio, es decir, desde una amonestación verbal hasta la destitución. Pero que el derecho administrativo sancionatorio exige gradualidad por lo que no se puede saltar directo a la destitución sin considerar sanciones intermedias, pues eso vulnera el debido proceso. Si cada incumplimiento se castiga automáticamente con la máxima sanción, entonces el derecho se vuelve irracional y arbitrario.

Agregó que no se trata de justificar el mal uso de licencias, sino de recordar que, incluso, en esos casos el Estado debe respetar la ley, el debido proceso y los límites de la prueba.

Servicio de Salud Biobío

En atención a lo informado por Contraloría General de la República, en el marco de la publicación del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°15, sobre funcionarios(as) que habrían concurrido a casinos de juego, entre los años 2023 y 2024, de acuerdo a los registros entregados por la Superintendencia de Casinos de Juego, el Servicio de Salud Biobío como el Complejo Asistencial Dr. Víctor Rios Ruiz han recibido el consolidado de información respecto a funcionarios incluidos en dicho consolidado. Al respecto, tanto el Servicio de Salud Biobío, como el Complejo Asistencial han instruido los respectivos procedimientos administrativos disciplinarios con la finalidad de determinar y hacer efectiva las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas en estos hechos, procedimientos que se encuentran en etapa de investigación.

Cabe señalar, que los funcionarios implicados, en atención a la debida acreditación de los hechos y su gravedad, podrían ser sujetos de medidas disciplinarias de censura, multa, suspensión o destitución, conforme lo dispone el artículo 121 del Estatuto Administrativo, Ley N°18.834.

Sin perjuicio de lo anterior, en su oportunidad, se harán llegar los informes al Ministerio Público dado que estos actos podrían revestir carácter de delito (art. 202 y 470 N° 8 Código Penal).