Era un secreto a voces en distintos rincones del país: vecinos, arquitectos y constructores que acudían a las Direcciones de Obras Municipales (DOM) veían cómo sus proyectos quedaban atrapados en un mar de trámites, observaciones y rechazos que, muchas veces, parecían no tener explicación.

Ahora, la Contraloría General de la República lo confirma: entre 2022 y 2024, en al menos 21 comunas de Chile, se detectaron demoras injustificadas, rechazos arbitrarios y cobros que no se ajustan a la ley.

La lista de municipios es amplia y diversa: desde Arica hasta Valdivia, pasando por localidades costeras como Papudo, Algarrobo y El Quisco, y comunas urbanas como Macul, Rancagua o Chiguayante.

Todas comparten un patrón que la Contraloría considera preocupante: procedimientos opacos, discrecionalidad excesiva y una gestión que, lejos de agilizar el desarrollo urbano, termina convirtiéndose en un freno.

“Muchas comunas están en falta y estas situaciones ya están siendo perseguidas”, advierte Yuri Rodríguez, presidenta de la Asociación de Directores de Obras. Su llamado no solo es a corregir errores, sino también a modernizar los procesos. Propone un sistema de gestión obligatorio de permisos, bajo la tutela del Ministerio de Vivienda, que permita detectar cuellos de botella y otorgue a las Seremis herramientas reales de supervisión.

El informe de la Contraloría, presentado por la contralora Dorothy Pérez, detalla casos donde los permisos fueron rechazados sin sustento normativo, donde los plazos legales se extendieron sin justificación y donde se cobraron derechos municipales que no correspondían. Para los ciudadanos, esto se traduce en proyectos detenidos, costos adicionales y una sensación de arbitrariedad que erosiona la confianza en la gestión local.

En comunas como Viña del Mar o Quilpué, donde la presión inmobiliaria es alta, estas prácticas afectan directamente la vida de cientos de familias que esperan iniciar la construcción de sus viviendas. En otras, como Pelarco o Vichuquén, frenan inversiones que podrían dinamizar economías locales más frágiles.

La Contraloría no se limita a señalar el problema: recomienda plazos estrictos, mayor fiscalización y la implementación de plataformas digitales que transparenten cada paso del proceso. Una hoja de ruta que, de cumplirse, podría transformar radicalmente la relación entre municipios, ciudadanía y el mundo de la construcción.

Mientras tanto, la denuncia vuelve a poner en el centro del debate una pregunta clave: ¿están las municipalidades cumpliendo su rol de facilitadores del desarrollo urbano, o se han convertido en una barrera que multiplica la burocracia?

La respuesta, por ahora, parece inclinarse hacia lo segundo.