Una sombra de duda se posa sobre la licitación realizada por el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles. Cuando los procesos que deberían ser transparentes y regulados por normas claras se desdibujan, surge la pregunta: ¿qué tan lejos están los principios públicos de lo que hacemos cotidianamente?

El 2023, el hospital adjudicó un contrato por $535.997.212 con ING Servicios Integrales Ltda., para “servicios especializados logísticos” del Departamento de Abastecimiento. Fue una licitación de nueve meses que, a primera vista, cumplía los requisitos técnicos. Pero las indagaciones de la Contraloría Regional del Biobío revelaron varias irregularidades que rompieron ese espejismo de formalidad. 

Una de las más graves: funciones que corresponden por ley a funcionarios públicos —como adquisiciones, recepción y registro de insumos médicos— fueron externalizadas, entregadas a ING bajo servicios de terceros. En paralelo, la evaluación de las ofertas no fue hecha completamente por la comisión evaluadora establecida, sino que incluyó la participación de una persona externa, contratada bajo servicio profesional, sin vínculo con la administración, sin responsabilidad administrativa. Esa desviación altera los principios de imparcialidad y responsabilidad institucional. 

Además, la boleta de garantía que ING presentó no cumplía los plazos exigidos en las bases de licitación, lo que, según las normas, debió declarar su oferta inadmisible.

Y como si esto fuera poco, se detectó un eventual fraccionamiento del contrato: primero los nueve meses bajo licitación, luego un trato directo por tres meses adicionales con la misma empresa. Esa suma totaliza más de los umbrales que obligan a la toma de razón por parte de la Contraloría, lo que levanta dudas sobre la transparencia del proceso. 

El informe también señala que el hospital pagó $12,9 millones por jornadas laborales no acreditadas. Fallas en el control de asistencia, faltas de aplicación de descuentos o multas cuando correspondía: errores administrativos o fallas graves de fiscalización interna, según lo recogido por Contraloría. 

Cuando Fast Check pidió al hospital su versión, se encontró con que el caso está bajo sumario administrativo; que ya se han adoptado algunas mejoras, y que se espera que estén completamente implementadas al 31 de diciembre de este año. 

Este caso levanta muchos cuestionamientos que trascienden lo local: ¿Cómo es posible que una comisión evaluadora delegue funciones esenciales a terceros sin vínculo administrativo?

¿En qué medida los mecanismos de control interno del hospital son suficientes? ¿Y qué rol juega la Contraloría cuando los montos contratados y las órdenes de compra superan los $2.100 millones con una única empresa, representando casi el 60 % de lo que ING factura al Estado?

Fuente: Fast Check