El pasillo del cuartel se alarga con un eco apenas perceptible del calzado militar: un retumbe que sabe a disciplina y a silencios ordenados. Allí, entre oficinas austeras y banderas oficiales, algunos carabineros sabían que algo estaba cambiando. No solo hacia afuera, en discursos públicos; algo estaba ocurriendo al interior de la institución.

Era la tarde de un martes cualquiera cuando la Circular Nº 1901 aterrizó en las manos de los funcionarios. Un documento de pocas páginas, pero con promesas —y certezas— potentes: medidas de protección para aquellos que denuncien hechos de corrupción. Confidencialidad. Protección física. Protección laboral. Asistencia legal. Reubicación. Hasta el compromiso de que el denunciante no será evaluado por quien denunció.

Para muchos, parecía un salto simbólico. Para otros, una apuesta arriesgada. En oficinas de turno, en oficinas administrativas, entre teléfonos y computadoras, la norma comenzó a recorrer los pasillos con un murmullo: “¿Seguirá adelante el denunciante?” “¿Realmente lo protegerán?”

Diez faltas, cinco principios, una nueva esperanza

La normativa define diez conductas sancionables: desde el uso del cargo para beneficio personal, pasando por dedicarse en horas del servicio a actividades personales, hasta el acoso laboral o la denuncia falsa. Cada caso denuncia una fisura institucional que exige reparación.

Y sobre esas faltas gravitan cinco principios que el documento eleva como estandartes: confidencialidad, probidad, protección frente a represalias, diligencia/celeridad y debido proceso con presunción de inocencia. Para quien decide dar un paso hacia la denuncia, esos principios pueden significar un escudo. Pero también un desafío: cuán firme será ese escudo en la práctica.

Rostros que resignifican la palabra “valentía”

Camilo (nombre ficticio), suboficial de servicio en una unidad regional, recuerda una noche en que firmó un formulario interno que daba cuenta de un posible soborno dentro de su división. “Firmar fue temblar”, confiesa. “Pero también era más gravoso quedarme callado”.

Cuando la circular empezó a circular, Camilo sintió que había un andamiaje posible detrás de la palabra “protección”. Confidencialidad: eso pidió. “Que no se supiera mi nombre salvo necesidad”. Reubicación física: “Lo pedí porque sentí presión cercana”. Y apoyo legal: “Que me orientaran antes de avanzar”.

Para él, la norma tiene un simbolismo profundo: “Es admitir que no basta con normativa externa; hay que asumir que la autoridad puede estar dentro del propio cuerpo policial”.

Límites y desafíos

Según la circular, el denunciante no podrá ser desvinculado por interponer la denuncia, aunque podrá ser reubicado siempre que no modifique sus condiciones laborales fundamentales. También se establece que quien denuncie no será evaluado por el denunciado, si este fue su superior jerárquico. 

Pero surgen preguntas sensibles:

• ¿Quién decide que una reubicación no altere condiciones esenciales?

• ¿Qué ocurre cuando el denunciante necesita volver a su unidad original?

• ¿Cómo garantizar que no existan represalias informales, sutiles, después del fin de la protección formal?

La normativa contempla que las medidas persistan “hasta que el riesgo haya cesado”. Pero quién define ese “riesgo” y cómo evaluarlo con imparcialidad sigue siendo una interrogante.

La institución habla —y se escucha

Desde Carabineros, manifiestan que la circular responde a una voluntad de transparencia institucional y al alineamiento con leyes de probidad y normas de integridad vigentes. “Ninguna persona que denuncie será objeto de represalias”, ha sido parte de su mensaje público. 

Para quienes han luchado en soledad con dilemas morales internos, esas palabras adquieren peso, pero también demandan verificacion: no basta con decir, es preciso demostrar.

Caminos por recorrer

La crónica no concluye con una epifanía: más bien abre puertas a lo desconocido. El nuevo protocolo puede marcar un antes y un después si logra articularse con la cultura institucional: si los mandos superiores lo respetan, si los mecanismos internos lo hacen efectivo, si los funcionarios se sienten respaldados al punto de levantarse sin miedo.

En ese pasillo largo del cuartel, el eco del calzado militar sigue sonando. Pero hoy, en ese mismo pasillo, alguien podría decidir que el silencio ya no es una opción.