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Crónica
25/09/2025
La Comisión Asesora sobre el gasto fiscal convocada por el Ministerio Hacienda, planteó congelar la cantidad de personas y los salarios de los trabajadores del Estado como parte de 34 medidas tendientes a contraer el gasto público.
Ante ambas propuestas, economistas regionales y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) en el Biobío se mostraron más bien contrarios.
Claudio Parés, doctor en Economía, jefe de carrera de Ingeniería Comercial y subdirector del Informe Económico Regional (IER) de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (Facea) de la Universidad de Concepción (UdeC) sostuvo que “congelar los salarios implica bajarle el sueldo, en términos reales, a uno de los grupos de trabajadores más organizados y que no tienen problemas en hacer paro. Segundo, congelar contrataciones implica inmovilizar los incentivos y a los funcionarios cuando lo que necesitas es, justamente, dinamismo en el aparato público. Necesitas que salgan los ineficientes y entre gente nueva”.
Parés explicó además que “puedes generar un ahorro de corto o mediano plazo, pero no estarás apuntando a la necesaria modernización del aparato estatal. En esto no hay soluciones mágicas: necesitamos que políticos y funcionarios trabajen pensando en el bienestar de los chilenos, no solo en el propio. Y bajando sueldo y “apernando” a los que ya están, podrás ahorrar $800 mil millones, pero no tendrás mejores servicios públicos”.
Por su parte, el Dr. José Ignacio Hernández, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), manifestó sobre congelar plantas y sueldos del sector público, que en ambos casos ve bastantes riesgos, no solamente en términos de presupuesto económico interno en el sector público, sino que también podría haber riesgos externos.
“Eso tiene consecuencias no solamente sociales en quienes van a ocupar los servicios públicos, sino que también en la economía, ya que hay muchos servicios públicos que son ocupados por empresas, tanto pymes como grandes. Tiene que ver con el tema de la permisología, ya que existe todo un aparato público para poder funcionar”.
El especialista de la Facea de la UCSC, vislumbró otro efecto de congelar sueldos, que haría poco atractivo que las personas quieran trabajar en el sector público. “Y así como hay mucho debate sobre la calidad de quienes hoy día integran el servicio público, también hay que pensar en cuáles son los sueldos que se están pagando. Es cierto que hay sueldos que muchas veces son cuestionables, pero no necesariamente es el caso de todo el aparato de mandos medios y mandos técnicos, quienes no necesariamente tienen sueldos más altos que en el sector privado, y si se propone congelar sueldos, ¿qué hace atractivo irse al sector público si encima van a tener una congelación de sueldo?”, dijo.
Respecto de congelar la planta (dotaciones), el Dr. José Ignacio Hernández prevé otro riesgo al no saber cuál es el tamaño del Estado que se necesita. “Mucho se habla sobre “achicar” el Estado, pero tenemos que pensar que estamos en este momento en un debate sobre quién va a ser nuestro próximo Presidente o Presidenta. No sabemos cuáles son las ambiciones de quien sea elegido o elegida, con respecto a cuál es el tamaño del Estado necesario para poder llevar a cabo las reformas”.
Lo anterior, según el Dr. Hernández, incluye una arista adicional relevante. “Que el efecto externo, no solamente en el aparato público, sino que quienes se benefician del aparato público, tanto personas como empresas, están buscando cumplir con las regulaciones, por tanto, alguien tiene que atender a esas personas y tiene que hacerlo en tiempo y forma.
Lorena Lobos, presidenta regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, expresó su rotundo rechazo a las iniciativas en análisis. Además, dijo que la Anef se opone a las 34 medidas contenidas en el informe de la Comisión Asesora para disminuir el gasto público.
“Pudimos hacer el análisis de las 34 medidas propuestas por la Comisión Asesora que sugieren una reducción importante del gasto fiscal o una adecuación de ciertos elementos del gasto fiscal. Nos hacemos la pregunta sobre qué pasó con los tres años anteriores, por qué se hacen estas sugerencias precisamente en este momento y cuál es el trasfondo, ya que si hubo un ejercicio fiscal inadecuado no creo que estas 34 medidas tardaran tres años en ser elaborarlas”, afirmó la representante de los trabajadores del sector público en la Región.
Del mismo modo, Lobos apuntó a que “aquí hubo un ejercicio inicial de decir que, a propósito de la pandemia, en el país hubo que recurrir a bonos porque fue una emergencia donde se gastaron ahorros y finalmente no hubo o casi muy poco endeudamiento. Teniendo claro eso, evidentemente, este Gobierno tenía conocimiento desde que asumió su gestión de este problema. Entonces, parece sospechoso que el Gobierno, después de tres años, quiera hacer este ajuste fiscal cuando ya van de salida, es una medida un poco contradictoria en que ahora, que termina su periodo, se pretende arreglar las finanzas”.
La dirigenta regional agregó que “sería bueno saber si es posible hacer ajustes fiscales bajando las dietas parlamentarias, definir, por ejemplo, un máximo de asesores por cada senador o ministro. No se entiende que el ajuste fiscal sea solo para algunos y para otros no”.
Para Lobos es muy necesario hoy día instalar la mesa Anef- Gobierno “en la que precisamente se discuten estas materias a propósito de que tenemos una serie de elementos ya negociados, previamente hasta octubre de 2024, que se congelaron con motivo de la instalación de una mesa del sector público. Estamos apostando a la reinstalación de esta mesa por parte del Gobierno y poder retomar las conversaciones dentro de las cuales hemos incorporado las 34 medidas de la Comisión Asesora”.
“Tanto como futura mesa Anef-Gobierno y como mesa del sector público queremos tener claridad si el documento de la Comisión Asesora será de carácter consultivo y qué será lo que, efectivamente, se considerará por el Gobierno sobre el gasto público, congelamiento de las rentas y sobre cerrar servicios, porque no tenemos hoy día certezas reales de lo que vaya a ocurrir en estos casi 6 meses que restan de Gobierno”, concluyó Lorena Lobos.