El 5 de mayo de 2022, el Consejo Regional del Biobío aprobó un inédito convenio de más de $7.531 millones -posteriormente aumentado hasta los $8.404 millones- para la compra de 16 terrenos que suman 183 hectáreas en las comunas de Curanilahue, Lebu, Arauco y Los Álamos, con el objetivo de entregar soluciones habitacionales a cerca de 1.200 familias.

El gobernador Rodrigo Díaz indicaba en ese momento que "pudimos hacerlo ahora, porque en la ley de Zonas de Rezago, incluso antes de asumir, el entonces diputado Manuel Monsalve consiguió que se autorizara extraordinariamente al Gore para este fin. Eso habilitó a que, una vez ya en el cargo, lo volviéramos a incorporar en el programa de este año para luego hacer las partidas del presupuesto".

A tres años de aprobado dicho convenio, la administración liderada por el gobernador Sergio Giacaman ingresó ayer ante la Fiscalía Regional una serie de antecedentes vinculados a la posible existencia de delitos en el programa, que a la fecha materializó la compra del terreno Los Filtros en Lebu por $451 millones, además de contar con escritura de compra en otros cinco predios por un valor de $4 mil millones.

"La Contraloría detuvo una compra, pero se realizaron otras sin procedimientos formales, sin tasaciones realizadas por expertos, y lo que más nos molesta es que en ningún momento esto estuvo en el traspaso.

Es un hallazgo de los equipos jurídicos que es gravísimo porque hay propiedades que fueron pagadas y otras inscritas a nombre del Gore, todo con la maldad de que nosotros pagáramos esos terrenos porque no hay ninguna formalidad", explicó la máxima autoridad.

Los antecedentes se detectaron en torno a la causa judicial por la cual fue detenido el narcotraficante Jorge Espinoza -conocido como el "Palta"- y sus presuntos vínculos con el director del Servicio de Salud Concepción Víctor Valenzuela, hoy separado de funciones por esta causa, y donde se conoció el fallido intento por comprar el predio Colico Sur por $1.206 millones en 2023, debido a la actuación de la Contraloría y pese a contabilizarse entre los inscritos a nombre del Gore.

El gobernador Sergio Giacaman dijo que "entregamos los antecedentes a la Fiscalía para que investiguen los vínculos y porque se da esta situación tan irregular. Se inscribieron sin pagar, no están en el inventario y los equipos jurídicos se metieron de cabeza a buscar esta información a propósito del diálogo con los consejeros regionales", y expuso que "hay una empresa involucrada (Forestal Arauco) que quiere ser parte de la solución, propietaria de 14 de los 16 terrenos y también fueron engañados".