La Contraloría General de la República iniciará un proceso de recuperación de los fondos utilizados por funcionarios públicos que hicieron mal uso de licencias médicas. Todo esto, con el apoyo de 700 auditores internos y con un plazo de tres meses para mostrar resultados.

Así lo indicó un reciente comunicado público del ente contralor, donde indica que se inició una “auditoría coordinada con las Unidades de Auditoría Interna de entidades del sector público y municipal, que incluye a 733 instituciones a lo largo del país, para revisar el proceso de recuperación de los montos adeudados por las Isapres y Fonasa a dichas entidades por concepto de subsidios de incapacidad laboral”.

Del mencionado comunicado, la CGR indicó que de las instituciones que tendrán la auditoría, 173 pertenecen al sector salud, 33 a educación; 26 a FF. AA, Policías y Gendarmería; 24 a educación superior; 2 empresas del Estado; 143 a otras entidades públicas, y 332 municipalidades.

Se revisarán plazos de presentación de licencias y las acciones que realizaron los servicios en cuestión para realizar los cobros de los montos. “Esto incluye las entidades de salud previsional, como a los funcionarios que no cumplieron el reposo de salud, cuyas licencias fueron rechazadas y debían reintegrar los días no trabajados”, asevera el aviso de la Contraloría.

Vale mencionar que de acuerdo con el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°16, esto implicaría el uso irregular de 15 mil 257 licencias emitidas entre los años 2023 y 2024, de las cuales el 76% corresponde a Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y un 24% a Isapres.

Cabe mencionar, además, que estos más de 10 mil casos detectados se suman a los 25 mil dados a conocer el 20 de mayo pasado por la entidad contralora. Esto de acuerdo a información oficial aportada por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y la Policía de Investigaciones (PDI).