La Comisión de Personas Mayores de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general un proyecto de ley (boletín 17.584) que busca reforzar la protección de personas mayores, con discapacidad y neurodivergentes en el transporte público.

La iniciativa se originó tras el accidente ocurrido en mayo en Chiguayante, donde fallecieron tres personas, entre ellas Ana Hernández, de 63 años, presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Concepción.

“El objetivo es garantizar y fortalecer la integridad física y psíquica de los usuarios del transporte remunerado de pasajeros”, se señaló en la Cámara Baja.

El proyecto introduce modificaciones a la Ley de Tránsito, como exigir que los conductores acrediten su condición mediante un examen médico, reducir de cuatro a dos años la vigencia de esta acreditación y capacitarlos en normativas clave de inclusión y protección de derechos.

Además, plantea que los choferes otorguen tiempo suficiente para facilitar el acceso de personas vulnerables a los vehículos y eviten expresiones que afecten su tranquilidad o dignidad.

Según destacaron en la Cámara, estas medidas “elevan los estándares de operación y fiscalización del sistema de transporte, con especial foco en los grupos más vulnerables”.