La Corte Suprema resolvió rechazar el recurso de hecho presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), cerrando así un extenso proceso que buscaba regular los precios de 15 servicios prestados por empresas sanitarias concesionadas, tales como el envío de boletas en papel, la limpieza de fosas sépticas y el suministro de agua mediante camiones aljibes, entre otros.

La acción de la FNE se originó en 2022, cuando solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) declarar que dichos servicios debían estar sujetos a tarifas fijadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), dado su carácter monopólico. Sin embargo, tanto el TDLC como posteriormente la Corte Suprema estimaron improcedente la vía jurídica utilizada por el organismo fiscalizador.

“La Corte Suprema indicó que la FNE debió haber presentado un recurso de reclamación en lugar de un recurso de hecho, lo que impidió que se revisara el fondo del asunto”, señala el fallo, en una resolución que reafirma el actual diseño regulatorio del sector.

Desde la FNE, se había argumentado que estos servicios dependen de infraestructura esencial y por ende se encuentran fuera de los márgenes normales de competencia. No obstante, el TDLC había determinado previamente que las empresas sanitarias no están legalmente obligadas a prestar muchas de esas funciones y, por lo tanto, no era posible imponer una regulación tarifaria sobre ellas bajo el marco normativo actual.

Consideraciones para el futuro regulatorio

Este caso marca un precedente importante para futuras acciones relacionadas con servicios conexos y su posible sujeción a normas tarifarias. Desde distintas instancias se ha planteado la necesidad de revisar la legislación vigente para otorgar mayores facultades a los entes reguladores en materias sensibles, especialmente cuando se trata de prestaciones que afectan a comunidades vulnerables o zonas rurales.

La FNE, por su parte, ha reafirmado su compromiso con la defensa de los principios de competencia y eficiencia económica, y evalúa nuevas estrategias jurídicas que permitan velar por una estructura de precios más equitativa y transparente en el sector de servicios básicos.