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26/09/2025
La discusión por la reforma más grande al Ministerio Público (MP) desde su creación llegó. El proyecto de ley impulsado por el Gobierno contempla un aumento de 819 cargos en un plazo de cuatro años, de los cuales 205 corresponden a nuevos fiscales. Con ello, la institución alcanzaría la cifra de mil persecutores a nivel nacional.
La iniciativa, además, crea nuevas estructuras organizacionales y otorga facultades inéditas al fiscal nacional, generando tanto expectativas como cuestionamientos desde distintos sectores.
El costo no es menor: $14 mil 696 millones en el primer año y $43 mil millones anuales en régimen.
Desde la Asociación de Fiscales de Chile (ANF) se valoró el avance, aunque con matices. Francisco Bravo, vicepresidente del gremio, en conversación con Diario Concepción, fue categórico comentando que, “el aumento es insuficiente. Los estudios más conservadores señalaron que era necesario un aumento de dotación no menor a 340 fiscales, solo para cerrar la brecha histórica. Un promedio de 1.250 causas al año por fiscal parece aceptable, pero hoy seguimos muy por encima de esa carga”, sostuvo.
Bravo agregó que la modernización no puede limitarse al diseño orgánico, sino que debe ir más allá: “Este proyecto instala un modelo que combina la lógica descentralizadora de los fiscales regionales con un enfoque supraterritorial para perseguir el crimen organizado”.
“En ese escenario, el fiscal nacional deja de ser solo jefe administrativo y pasa a tener un rol operativo. Pero la modernización más urgente es la operativa: necesitamos entrar de lleno en la era digital y de la inteligencia artificial, para mejorar nuestras capacidades investigativas”, advirtió.
“La sobrecarga es evidente. Los fiscales hacen turnos extensos y se enfrentan a delitos cada vez más complejos. Un aumento de 205 fiscales es positivo, pero no soluciona de fondo el problema”, concluyó Bravo.
En el Congreso, la iniciativa ha generado amplio respaldo, aunque también reflexiones sobre la magnitud de los cambios.
En lo más reciente, la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, despachó el proyecto que ahora deberá ser analizado por su par de Hacienda.
La diputada local, Karen Medina (IND-DC, distrito 21) sostuvo que el proyecto responde a una realidad que las comunidades conocen de cerca.
“Hasta hoy el Ministerio Público funciona con el mismo número de funcionarios y recursos de un Chile que ya no es el mismo de hace 10 años. El aumento de 819 cargos en cuatro años es un paso importante. En el Biobío vemos todos los días cómo la inseguridad golpea a nuestras comunidades. Más fiscales y equipos especializados son fundamentales para dar respuestas oportunas y eficaces”, expresó.
Medina también enfatizó la dimensión presupuestaria: “La seguridad no es un gasto, es una inversión. El costo social de no perseguir eficazmente los delitos es mucho más alto que los $43 mil millones anuales que implica la reforma. En este ámbito no podemos retroceder”, recalcó.
Por su parte, la diputada María Candelaria Acevedo (PC) destacó que la iniciativa ataca un problema estructural: la sobrecarga de causas. “Sabemos de la falta de fiscales a nivel nacional, quienes tienen a su cargo muchas más causas de las que deberían. Este proyecto permitiría aliviar esa carga y potenciar el trabajo del Ministerio Público”, afirmó.
Acevedo descartó las críticas por el gasto adicional: “Esto no es un costo, es una inversión en justicia y seguridad. Los ajustes presupuestarios deben hacerse en otras áreas, no en la persecución penal”, insistió.
En la misma línea, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) sostuvo que el proyecto responde a una demanda ciudadana ineludible. “Es tremendamente necesario y oportuno fortalecer nuestras instituciones, especialmente las que persiguen el delito y el crimen organizado. Hoy la gente exige seguridad, y el Estado debe responder con recursos y con decisión política”, comentó.
La parlamentaria también proyectó el debate hacia el futuro político: “Confío en que quienes aspiran a la Presidencia entienden que eventuales recortes no pueden hacerse en áreas tan sensibles como la seguridad. En la crisis que vivimos, sería un error imperdonable”, advirtió.
Más allá del aumento en dotación, el proyecto contempla cambios orgánicos relevantes. Entre ellos, la creación del Sistema de Supervisión de la Persecución Penal, que tendrá la misión de garantizar la calidad y oportunidad de las investigaciones. También se refuerza la unidad de atención a víctimas y testigos, con especial foco en delitos sexuales y violencia intrafamiliar.
Otra de las medidas destacadas es la posibilidad de que fiscales regionales, al terminar su período, puedan reincorporarse como fiscales adjuntos. Una idea que la propia Asociación de Fiscales venía planteando hace cuatro años. “Es una forma de incentivar a los adjuntos a postular a cargos regionales, sabiendo que no quedarán fuera de la institución después de ocho años. Además, permite aprovechar la experiencia acumulada”, explicó Bravo.
El proyecto además establece la obligación de someter al Ministerio Público a evaluaciones externas cada tres años, con el objetivo de asegurar una mejora continua en la persecución penal y en la atención a las víctimas.
“La gente quiere vivir tranquila. Este proyecto es un paso, pero no es suficiente si no viene acompañado de un fortalecimiento paralelo de las policías y la Defensoría Penal Pública. El sistema debe avanzar en su conjunto”, planteó Bravo desde la ANF.
