Entró en vigencia la ley que modifica la entrega de permisos sectoriales o que reduce la denominada "permisología".

Es que por varios años hubo un diagnóstico común: los largos tiempos de tramitación estaban convirtiéndose en una traba para la inversión en Chile. Es por eso que, a comienzos de 2024, el Gobierno presentó dos iniciativas para enfrentar el problema, la de permisos sectoriales y otra que modifica la evaluación ambiental, que está en el Congreso.

La normativa concluyó su último trámite en la Cámara de Diputados el 1 de julio. Luego, pasó por el Tribunal Constitucional (TC) y la Contraloría General de la República (CGR).

Finalmente, fue su publicación en el Diario Oficial, según han dicho las autoridades de Gobierno. Ocurrido ello, ciertas disposiciones comienzan a regir de inmediato, mientras a otras les tomará un poco más de tiempo. ¿Qué implica la ley? , ¿Cuánto se espera que se reduzcan, en concreto, los plazos de tramitación?

El ABC de la nueva ley

La nueva normativa introduce una serie de cambios. Uno de los más importantes es el de la tramitación paralela. Es que hasta ahora si un proyecto requiere varios trámites, debe hacerlos de manera consecutiva.

En los próximos días esto se modificará: se podrán hacer al mismo tiempo. El ministro de Economía, Álvaro García, lo explicó: "Un jardín infantil para instalarse requiere seis trámites.

Hasta esta semana esos seis trámites tenían que hacerse uno después de otro. Por lo tanto (...) si cada uno se demoraba dos meses, el proceso demoraba un año y dos meses. Ahora se van a poder hacer en paralelo. Por lo tanto en solo dos meses se va a poder haber completado todo el trámite"

"Nosotros estimamos, por ejemplo, que un pequeño restaurante que hoy día se demora ochos meses en obtener todos sus permisos va a bajar a dos meses", complementó el secretario de Estado, quien también dijo que muchas Pymes se verán beneficiadas.

La legislación incorpora, asimismo, normas mínimas de tramitación. Es decir, se establece un conjunto de reglas comunes para todos los permisos sectoriales: inicio mediante formularios, exámenes de admisibilidad, informes entre servicios, plazos máximos obligatorios, y uso del silencio administrativo como herramienta de garantía.

El silencio administrativo -que acaparó parte importante de la discusión en el Congreso- es otro de los puntos que se consideran relevantes. En concreto, busca evitar que los proyectos queden indefinidamente "entrampados" en la burocracia.

Por ello, se establece que si un organismo público no responde dentro del plazo legal fijado para tramitar un permiso sectorial, se entiende que el permiso está otorgado. En consecuencia, el silencio de la autoridad favorece al solicitante, salvo que la normativa específica establezca lo contrario.

La ley contempla además las Técnicas Habilitantes Alternativas. Se trata de mecanismos simplificados que reemplazan un permiso tradicional cuando el riesgo asociado es bajo o medio.

Es decir, en lugar de pasar por un proceso largo de revisión administrativa, el inversionista puede presentar un documento que "habilita" la actividad, quedando sujeto a fiscalización ex post.{

Uno de estos mecanismos es la declaración jurada. Por medio de esta herramienta, el solicitante declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos técnicos y normativos. La autoridad podrá fiscalizar con posterioridad. Dentro de las Técnicas Habilitantes está también la ventanilla única digital. Se trata de un sistema electrónico centralizado donde se deben ingresar todas las solicitudes de permisos sectoriales que regula la nueva ley. El objetivo es reemplazar la dispersión actual (cada servicio público con su propio sistema) y consolidar en un solo lugar los trámites, el estado de avance y la documentación.

Una de las ventajas es que a través de este sistema el solicitante puede ver en tiempo real en qué etapa está el trámite, qué organismo lo tiene y cuánto plazo queda.

Es plataforma será gestionada por la nueva Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, creada dentro del Ministerio de Economía. La Ley de Permisos Sectoriales conlleva, además, un régimen especial para proyectos estratégicos. Estos son aquellos que, por su envergadura, impacto económico, social o en infraestructura crítica, el Gobierno califique como tales.

Entre ellos podrían encontrarse, por ejemplo, grandes proyectos de energía, infraestructura logística y la minería de gran escala. En relación a esto, todos los plazos de permisos sectoriales aplicables a un proyecto estratégico se reducen a la mitad.

Asimismo, se otorga un marco de certeza durante la fase de ejecución. Una vez que un proyecto obtiene su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), el marco regulatorio se mantiene inalterable hasta por ocho años.

Plazos: ¿Qué comienza a regir de inmediato?

El ministro García explicó esta semana, en Radio ADN, que la tramitación paralela comenzará a aplicar desde el mismo día que se promulgue la nueva normativa. Desde el inicio, además, toda nueva solicitud de permisos sectoriales debe ingresar por la ventanilla única, aunque en un comienzo operará con una versión básica. Hay otros aspectos, no obstante, que demorarán un poco más en su implementación.

Entre ellas están las Técnicas Habilitantes Alternativas, de las cuales se deberán reglamentos sectoriales. La nueva ley modificó 46 cuerpos legales, pero en varios casos se necesita reglamentar el detalle para que esas modificaciones sean aplicables. Se espera, en todo caso, que la ley esté plenamente operativa a partir de marzo de 2026.

Disminución de tiempos e impacto en la economía

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sacó el proyecto adelante mientras se desempeñaba como titular de la cartera de Economía. En varias ocasiones especificó cuánto se reducirían los tiempos de trámite: entre un 30% y un 70%.

En específico, y según información del Ministerio de Economía, para grandes iniciativas de infraestructura o energía la disminución sería de un 30%, mientras que para proyectos de baja complejidad sería de hasta un 70%. Para los proyectos estratégicos, se ha señalado que los tiempos de tramitación se reducirán en un 50%.

El Gobierno también ha entregado estimaciones en relación a cuál sería el impacto en la economía. Según señalaron una vez que salió del Congreso, se proyecta una recaudación adicional equivalente a un 0,59% del PIB, gracias a la activación anticipada de proyectos actualmente detenidos por barreras burocráticas.

También indicaron que, al facilitar la ejecución de obras públicas y privadas, se generará un efecto multiplicador en el empleo, tanto directo como indirecto, en sectores como construcción, comercio, salud y servicios.

Según estimaciones del Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial, en tanto, la ley contribuirá con un aumento del PIB de 2,4% en 10 años, lo que equivale a 0,24 puntos porcentuales por año.

"Esta es una normativa muy esperada por el sector privado y para los trabajadores, ya que facilitará la creación de más y mejores empleos. Nuestro principal objetivo es que quede totalmente operativa durante este gobierno para potenciar la inversión, pilar fundamental del crecimiento y así impulsar la creación de más y mejores empleos", dijo esta semana el ministro García.