Diputadas de la Región del Biobío, manifestaron su conformidad con el avance de proyecto que recibió siete votos a favor y tres abstenciones en la Comisión de Educación el que busca modificar el Estatuto Docente para homologar los derechos de los profesionales de la educación en la distribución de horas lectivas y no lectivas.

Lo anterior considerando a las primeras como aquellas horas de actividades en el aula y las no lectivas son aquellas que complementan ese trabajo, como: preparación de clases, evaluación de los aprendizajes, planificación, gestión de procesos educativos y colaboración con otros docentes.

La iniciativa elimina la excepción que permite a los establecimientos particulares pagados pactar jornadas con horarios de docencia exclusiva de aula.

Cabe mencionar que actualmente en el sistema público esto ya es una realidad desde la promulgación de la ley N° 20.903 de 2016 que estableció el Sistema de Desarrollo Profesional Docente (SDPD), el que incluyó un incremento progresivo de las horas no lectivas.

Al respecto la diputada Karen Medina (Ind-DC), integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, señaló que “este proyecto lo que busca es ampliar un beneficio que ya existe y que se ejecuta en el sistema público a todos los docentes del país. Sin embargo, han quedado fuera las educadoras de párvulos de los jardines infantiles, lo cual vamos a buscar remediar a través de alguna indicación”.

Para la parlamentaria de la zona, esto tendrá un gran impacto en aquellos docentes que pertenecen al sistema privado, ya que lo que hacen es llevarse a casa trabajo. “Hacer uso de horarios que pertenecen a la familia, a la recreación, al ocio, para poder complementar o cumplir muy bien con su rol de docente”, expuso.
“Eso es lo demandado por los gremios de los docentes del sistema privado”, especificó Medina.

Según Medina, si logran avanzar y sumar con la indicación a las educadoras de párvulos a este beneficio, aquello va a significar requerir gasto fiscal. “Ahí necesitamos que el Ejecutivo se comprometa con la educación pública que además se comprometa con que estas mejoras sean implementadas a nivel país para todos, ya sean públicos o privados”, indicó.

En tanto, la diputada Clara Sagardía (FA) señaló que si bien al proyecto le faltan varios pasos todavía para que esta ley sea una Ley de la República “va a regular lo que se hace efectivamente, porque los profesores no solo trabajan en aulas”.

“Habrá una mejora en el reconocimiento de su verdadero trabajo”, comentó y agregó que de seguro tendría que aparejarse su aprobación con inversión Estatal. Además valoró que esta ley deberá igualar la situación de la educación particular, subvencionada y pública.

Desde su punto de vista, la diputada María Candelaria Acevedo (PC) resaltó la importancia de que los docentes puedan conjugar su vida laboral y personal de mejor forma. “Sin tener que llevar el trabajo a sus hogares”, definió. “Creo que esta iniciativa va a impactar sobre todo a los colegios particulares y subvencionados”, relevó.

En la educación pública, según el Centro de Estudios del Ministerio de Educación (CEM), el número de docentes en el sistema educativo aumentó de 241 mil 816 en 2018 a 263 mil 690 en 2023. “Lo que representa un aumento del 9% en el periodo estudiado, lo que nos lleva a plantear que no existiría necesariamente carencia de personal docente”, comentó respecto a la disposición actualmente vigente en ese sistema respecto a las horas no lectivas.

Además, Acevedo, comentó que “la iniciativa originalmente no tiene aparejada la inyección de recursos, ya que el objetivo principal está relacionado con eliminar la excepción establecida para los establecimientos particulares pagados, asegurando que todos los docentes, independientemente del tipo de establecimiento en el que trabajen, tengan acceso a tiempo para actividades curriculares no lectivas”.

En ese sentido, para la diputada Acevedo los cambios propuestos están más ligados a una redistribución de los tiempos de los docentes. “Lo que se puede ajustar vía administrativa”, acotó.