La Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados inició esta semana el estudio del proyecto de ley que busca regular la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación.

La iniciativa, presentada por el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, fue expuesta ante los parlamentarios por la ministra Antonia Orellana.

El proyecto establece que la solicitud podrá realizarla cualquier mujer, adolescente o niña embarazada y fija como principal requisito el consentimiento informado, siguiendo lo ya dispuesto en el Código Sanitario para las tres causales actualmente vigentes. Además, garantiza el derecho a recibir información “veraz, completa y objetiva” y reconoce la objeción de conciencia del personal de salud en los mismos términos de la norma actual.

Otro de los cambios relevantes es la modificación del Código Sanitario para incluir a las matronas dentro de los profesionales habilitados para indicar, usar y prescribir medicamentos necesarios en este procedimiento. El Ministerio de Salud tendrá seis meses, tras la publicación de la ley, para dictar las normas técnicas que regularán la prestación.

En su presentación, la ministra Orellana destacó que la criminalización del aborto “no influye en la decisión de realizarlo, pero sí significa que mujeres y adolescentes lo hagan poniendo en riesgo sus vidas, al no contar con medidas sanitarias necesarias y temer asistir a centros asistenciales si presentan complicaciones”.

Asimismo, subrayó que la iniciativa se alinea con legislaciones comparadas. Recordó que de los 193 países reconocidos por la ONU, 77 permiten la interrupción voluntaria del embarazo, entre ellos Argentina, España y Francia (14 semanas); Suecia (18 semanas); Islandia (22 semanas) y Colombia, Reino Unido y Australia (24 semanas).

Tras la exposición del Ejecutivo, los diputados manifestaron sus posturas preliminares. Quienes se opusieron criticaron que el proyecto “pone en cuestión el valor de la vida” y que permitir hasta 14 semanas es excesivo. Además, reclamaron que no se incluyan medidas preventivas contra embarazos no deseados y advirtieron sobre un eventual aumento en los contagios de ITS, junto con el costo que significará su implementación en el sistema de salud.

En contraste, los parlamentarios a favor hicieron un llamado a un debate democrático y plural. Argumentaron que, si bien se trata de una discusión con fuerte componente valórico, “no todos comparten los mismos valores en la sociedad”. En esa línea, enfatizaron que el proyecto “no obliga a nadie a abortar, pero tampoco se puede obligar a una persona a llevar adelante una gestación no deseada”.