La Sala del Senado aprobó en general el proyecto que busca prohibir el porte y tenencia de armas de fuego a personas procesadas o condenadas por violencia intrafamiliar, con el fin de reforzar la protección de las víctimas y establecer un marco normativo más estricto. Hasta el 30 de octubre se podrán presentar indicaciones a la iniciativa que modifica diversos cuerpos legales en esta materia.

El texto, informado por la senadora Carmen Gloria Aravena, plantea una regulación más rigurosa sobre la tenencia, porte, uso, adquisición y almacenamiento de armas de fuego, municiones y cartuchos para quienes sean denunciados, formalizados o condenados por violencia intrafamiliar. Además, propone establecer la presunción de riesgo inminente cuando el denunciado posea armas, y fortalecer la coordinación entre tribunales de familia y la Dirección General de Movilización Nacional para cancelar o impedir inscripciones.

Durante el debate, senadores como Enrique Van Rysselberghe, Claudia Pascual, Juan Antonio Coloma, Luz Ebensperger, Francisco Chahuán y Alejandra Sepúlveda coincidieron en la importancia de contar con una legislación preventiva y protectora frente a la violencia intrafamiliar. Aunque algunos plantearon ajustes para el debate en particular, hubo consenso en que esta medida representa un avance relevante en la prevención de hechos de mayor gravedad y en la protección integral de las víctimas.