Se aprobó por la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas un proyecto que modifica la Ley 18.695; y tiene como objetivo incorporar un sistema de control del comercio ambulante informal. Ahora sí, incorporando multas que pueden sobrepasar el millón de pesos.

En reciente comunicado, la Cámara explica que las municipalidades tendrán la facultad de tomar acciones orientadas a la recuperación de espacios públicos que se han perdido por el desarrollo de ventas ambulantes.

Con esto, la moción parlamentaria pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización para su discusión en detalle, dando un importante y acelerado paso para convertirse en ley.

Vale mencionar, este proyecto tiene como objetivo otorgar mayores facultades a las municipalidades para tener control sobre los permisos otorgados a los vendedores, para también realizar fiscalizaciones en lugares públicos; a su vez, les entrega mayores herramientas para poder ejecutar esta labor.

Desde la última estancia se ha incorporado la capacidad de los gobiernos comunales de coordinarse con organismos como el Servicio Nacional de Aduanas y las Secretarías Regionales Ministeriales de Seguridad Pública.

Este último, según el comunicado, “podrá emitir opinión sobre los permisos otorgados para ejercer el comercio ambulante o estacionado en la vía pública y el impacto que estos puedan tener”.

Los que incumplan la norma podrían pagar una multa de media UTM a dos UTM. También se considera que quienes tienen mercancía guardada en almacenes y no hayan pagado su patente. Esta última multa podría llegar a la infracción de hasta 20 UTM ($1 millón 380 mil aproximadamente).

Por otro lado, la ordenanza municipal regulará el decomiso de la mercadería y su destrucción. Para ello, los municipios tendrán que “procurar” no superar las 48 horas.

En el debate que se generó en la Cámara, de acuerdo al escrito, se habló sobre la necesidad de revisar esta cuestión, dado que obstaculiza la formalización de los comerciantes informales al incautárseles sus productos.