La Contraloría General de la República volvió a manifestar su preocupación por el Decreto 249 impulsado por La Moneda que buscaba permitir a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) participar en el control del orden público en algunas provincias de las regiones del Biobío y La Araucanía.

A través de un comunicado el organismo fiscalizador reiteró que desde el Ejecutivo intentaron utilizar un mecanismo que no se encuentra contemplado dentro del “ordenamiento jurídico vigente”, hecho por el que fue declarado inconstitucional.

En el escrito la Contraloría señala que “está preocupada por la situación que se vive en la Macrozona Sur del país, y por lo mismo, empatiza con las personas que viven, trabajan y transitan por dicho territorio”.

“El último día de vigencia del Estado de excepción constitucional, que permitía la acción de las Fuerzas Armadas en sectores de La Araucanía, el Ejecutivo decidió utilizar un mecanismo que no está previsto en el ordenamiento jurídico vigente”, añaden.

“Por lo tanto, la Contraloría al realizar el control de legalidad, no tuvo otro camino que representar dicho acto administrativo”, explican respecto a la decisión anunciada el jueves 30 de septiembre.

Asimismo, en el comunicado aclaran que “respecto del rol de las Fuerzas Armadas en la zona norte, el Decreto 265 -tomado razón con alcance el 6 de agosto de 2019- establece la colaboración militar única y exclusivamente en la frontera frente a amenazas externas”.

“Por el contrario, el Decreto 249 buscaba autorizar la acción de Fuerzas Armadas explícitamente en labores de prevención de delitos y control del orden público en provincias de las regiones del Biobío y La Araucanía”, precisan.

Finalmente recalcan que “el rol de la Contraloría es verificar el apego de los órganos de la Administración del Estado a la legalidad vigente, mientras que la responsabilidad de garantizar el orden público en el país corresponde al Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior y Seguridad ¨Pública, en el marco legal”.