Los parlamentarios oficiaron a al ministro de Seguridad, Carabineros y la PDI, solicitando antecedentes sobre los inmuebles utilizados por bandas como el Tren de Aragua para secuestros y extorsiones en diversas comunas del país.

Los diputados representantes de la Región del Biobío, Karen Medina (IND-DC) y Roberto Arroyo (PSC), presentaron una serie de oficios dirigidos al Ministerio de Seguridad Pública, Carabineros y la Policía de Investigaciones, solicitando información detallada sobre las denominadas “casas de tortura” detectadas en distintas comunas del país, donde organizaciones criminales como el Tren de Aragua han instalado centros de secuestro, extorsión y homicidio.

En ese sentido, la legisladora e integrante de la Comisión de Vivienda, Karen Medina subrayó que “no podemos permitir que las bandas del crimen organizado tomen el control de sectores completos, utilizando viviendas ilegales como centros de tortura y ejecución. Es fundamental saber qué acciones se están implementando para desmantelar estos recintos y proteger a las familias que viven bajo el miedo constante de estas mafias”.

En la misma línea, el diputado Roberto Arroyo advirtió que “estos delitos son propios de carteles internacionales y Chile no puede quedarse de brazos cruzados mientras el narcotráfico y la extorsión se institucionalizan en nuestros barrios. Hemos solicitado un catastro actualizado de estas casas de tortura, porque es inaceptable que no exista una coordinación efectiva entre las policías y los municipios para intervenir estos espacios”.

Los parlamentarios hicieron referencia a las recientes cifras entregadas por la Brigada Investigadora de Secuestros de la PDI, que identificó al menos 17 inmuebles utilizados para estos fines entre 2022 y 2025 en comunas como Santiago Centro, Maipú, Talagante, Estación Central e incluso Valparaíso, muchas de ellas en tomas ilegales o viviendas subdivididas.

“La expansión de estas prácticas criminales no solo afecta la seguridad pública, sino que también debilita el control territorial del Estado”, enfatizó Medina. “Por eso hemos oficiado al ministro de Seguridad Pública y al director de la PDI para conocer qué protocolos de intervención existen y si se está trabajando en conjunto con los municipios afectados. No queremos que Chile termine normalizando este tipo de delitos”, añadió la congresista.

Por su parte, Arroyo destacó la importancia de abordar el fenómeno de manera integral. “Hemos solicitado a Carabineros que informe sobre los operativos realizados en estos inmuebles, las detenciones efectuadas y los decomisos de evidencia. Es urgente establecer una estrategia de inteligencia policial que evite la reactivación de estas casas, porque detrás de cada secuestro hay una familia extorsionada y un barrio que pierde su tranquilidad”, concluyó.