La Comisión de Economía del Senado retomó la discusión general de los proyectos que buscan modificar la normativa sobre el secreto bancario.

En la sesión participó la contralora general de la República, Dorothy Pérez, quien resaltó la necesidad del organismo de acceder a las cuentas bancarias donde están los fondos públicos y afirmó que se han detectado "errores muy considerables en los pagos masivos a proveedores del aparato público".

Actualmente, el artículo 154 de la Ley General de Bancos, junto con otras disposiciones legales, establece que las operaciones de depósitos y captaciones que reciban los bancos están sujetas a secreto bancario y solo pueden entregarse a su titular, representantes autorizados o autoridades expresamente facultadas por ley.

Este resguardo se mantiene, salvo excepciones, para investigaciones judiciales, fiscales, tributarias o de lavado de activos, previa autorización correspondiente. En ese sentido, y en el marco de su presentación sobre las limitaciones actuales, Pérez expuso que hoy la Contraloría solo puede solicitar al BancoEstado información limitada a cheques pagados desde la cuenta principal y subsidiarias de entidades públicas, lo que resulta insuficiente en un contexto donde la mayoría de las operaciones son electrónicas y muchas instituciones manejan sus fondos en la banca privada.

En la práctica, el acceso a la información bancaria de los organismos fiscalizados depende de que el propio titular de la cuenta autorice la entrega de antecedentes, un mecanismo que, según la contralora, "no resulta fiable desde el punto de vista de la auditoría". Esto, dijo, puede generar retrasos, entrega de información incompleta o manipulación de datos.

"Contar con la facultad de recurrir a la fuente directa de los datos aumentaría la confianza en la calidad, integridad y fiabilidad de la información financiera, mejoraría la transparencia y rendición de cuentas y tendría un efecto disuasivo en materia de fraudes", sostuvo.

La autoridad destacó que el acceso directo permitiría aplicar herramientas de analítica de datos e inteligencia artificial para detectar movimientos inusuales, duplicidad de pagos, remuneraciones fuera de rango, uso irregular de tarjetas asociadas a cuentas institucionales, y operaciones no autorizadas como inversiones en renta variable o transacciones con personas relacionadas.

Respecto de posibles nuevas atribuciones, Pérez destacó que se podrían hacer cuadraturas financieras de las conciliaciones bancarias y también revisar las nóminas de pagos masivos a proveedores.

Posterior a este último punto, Pérez reveló: "Nosotros durante este año y el año pasado hemos entregado auditorías, no han tenido mucha difusión, pero hemos entregado auditorías donde hemos dado cuenta de errores muy considerables en los pagos masivos a proveedores que realiza el aparato público".

"Esto podríamos detectarlo a tiempo y no en una auditoría posterior, que requiere horas de planificación y muchísimo trabajo, casi concomitantemente, si tuviéramos acceso a esta información de manera automatizada", agregó.

"Contribuye a mayor fiscalización"

En su intervención, Pérez recordó que "el levantamiento del secreto y reserva bancarios en determinados casos puede constituir un elemento que contribuya a la mejor fiscalización de recursos públicos".

Y puntualizó que si bien la Contraloría no tiene atribuciones para acceder a la información bancaria personal de funcionarios, sí debería poder acceder de manera directa a los datos de cuentas institucionales donde se manejen dineros estatales.

"Esto para nosotros es una cuestión muy relevante, la hemos propuesto por muchos años, nos parece que es importante que en la discusión de estos proyectos sobre el secreto bancario, se pueda considerar. Nosotros no estamos pidiendo acceder a la información de la jefatura de los servicios, ni de los funcionarios públicos, de caso alguno", recalcó.

"Lo que estamos pidiendo es que se nos faculte a acceder a la información donde están depositados los fondos públicos que tenemos por mandato constitucional que fiscalizar", enfatizó Pérez.

Proyectos en trámite y propuestas

Entre las iniciativas legislativas en discusión destacan los boletines N° 14.955-03 y 15.697-03, presentados por senadores Alejandra Sepúlveda y Esteban Velásquez, que obligan a diversas autoridades y funcionarios a autorizar el acceso a sus cuentas bancarias por parte de organismos como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

También se encuentra el Boletín N° 15.975-25, que crea un Subsistema de Inteligencia Económica, y el Boletín N° 17.038-03, del senador Francisco Huenchumilla, que busca exceptuar del secreto bancario a ciertas autoridades.

La Contraloría planteó que estos proyectos deberían unificarse en disposiciones más claras, ampliar el listado de autoridades obligadas y, sobre todo, incluir al organismo entre las entidades autorizadas para solicitar información bancaria.

"Debería comprenderse dentro de los funcionarios y autoridades sujetos a la obligación de autorizar a los bancos la entrega de su información bancaria, a todo aquel que tenga la custodia o administración de recursos públicos, o cuentadantes", señaló la contralora.

Asimismo, propuso modificar la Ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría, para facultar al contralor general y a los contralores regionales a oficiar directamente a los bancos y obtener datos de cuentas cuyos titulares sean organismos públicos o entidades que administren fondos fiscales.

Fondos públicos y transparencia

La contralora insistió en que el secreto bancario debe diferenciar entre recursos privados y fondos estatales. "A diferencia del caso de los recursos privados, en que el secreto y reserva bancarios constituyen una expresión del respeto a la privacidad de las personas como principio general, cuando se trata de fondos públicos deben primar los principios de probidad y publicidad consagrados en el artículo 8º de la Constitución Política", afirmó.

En este marco, recalcó que "ahora específicamente respecto de las cuentas de las autoridades y funcionarios, esta Contraloría General evidentemente no tiene atribuciones para acceder a esta información, y ahí es plenamente aplicable la norma del secreto reserva bancario, y nosotros en ese punto no tenemos comentarios, sin perjuicio de lo que está señalado previamente en los proyectos de ley".