La situación ocurrida en Limache que se viralizó por redes sociales, en que una profesor grita a los estudiantes en medio de un debate, nuevamente resurge en la comunidad educativa la necesidad de hacer frente a estas situaciones.

La realidad en la Región del Biobío indica que 114 denuncias se han realizado en lo que va de 2025 por el concepto de Maltrato de Adulto a Párvulo o Estudiante. Durante todo el año pasado la denuncias de este tipo fueron 290. Analizándolo proporcionalmente este año hasta la fecha se ha alcanzado un 39% de las denuncias del 2024.

Al respecto la presidenta de la Asociación Provincial de Padres y Apoderados de Establecimientos Municipales y Particulares Subvencionados, Gabriela Pedreros, señaló que en muchas de estas ocasiones algunos apoderados desisten de hacer una denuncia.

“Termina ganando el miedo a que tomen represalias con los mismos hijos, hijas, los alumnos, en notas, en que afecten en sus mallas en su certificado de notas, en su hoja de vida”, comentó Pedreros.

Sin embargo, la dirigenta afirmó que “existen casos, pero lamentamos de que estos no puedan seguir con proceso judicial. Porque al fin y al cabo la Superintendencia tiene un proceso que es muy largo, muy tedioso en muchas ocasiones”.

Para este y otro tipo de circunstancias, Pedreros manifestó que “nos gustaría contar y siempre lo hemos propuesto, con un abogado. En ese sentido, sabemos que la balanza se equilibraría mucho, se seguiría con los procesos como corresponde, haciendo valer los derechos de los apoderados y en este caso de los estudiantes”.

“No validamos ningún tipo de violencia. Nosotros tenemos la visión de que algunos profesores utilizan el cargo y la imagen de profesor con nuestros estudiantes como para intimidar y hasta al apoderado”, detalló Gabriela Pedreros.

Superintendencia de Educación

Sobre esta situación Carlos Martínez, director regional de la Superintendencia de Educación, describió que “cuando se recibe una denuncia de la ciudadanía o se ingresa una de oficio por la Superintendencia de Educación, lo primero que hacemos es solicitar la mayor cantidad de antecedentes de los hechos denunciados. Se pide al establecimiento que informe las medidas adoptadas (protocolos). Si de esta información surgen indicios de incumplimientos normativos, el caso es derivado a fiscalización”.

Luego se realiza un nuevo proceso para comprobar que se hayan subsanado las faltas al protocolo, en el caso que existan aristas no subsanadas se instruye un procedimiento administrativo sancionatorio.

En caso de existir una disconformidad de parte de los sostenedores y si aquella persiste en el proceso: “Nuestro ordenamiento judicial establece que las entidades sostenedoras pueden presentar recursos a las Cortes de Apelaciones e incluso a la Corte Suprema en última instancia”, explicó Martínez.

En cuanto a las acciones tendientes a proteger al estudiante, el director de la Superintendencia de Educación precisó que “según la normativa educacional, la obligación de resguardo de la integridad física y psicológica de las y los estudiantes le corresponde al establecimiento educativo y a su responsable, que es la entidad sostenedora (…) En caso de que existan adultos involucrados, los sostenedores están obligados a establecer medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad de las y los estudiantes, como la separación del eventual responsable de sus funciones directas con las y los estudiantes, pudiendo trasladarlo a otras labores o funciones fuera del aula”.

“Cabe señalar que, si existen antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito (…) el establecimiento está obligado a denunciar, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho, al Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal con competencia penal”, estableció Martínez.

Colegio de Profesores

Sobre estos casos de malos tratos, Aníbal Navarrete, secretario del Colegio Regional del Profesores, manifestó que lamentan profundamente estos hechos que se han vivido en las escuelas en este último tiempo. “Sin embargo, quiero plantear que dentro del universo de estudiantes que nosotros atendemos en el día a día, el número de casos es marginal en función de la cantidad de tiempo que nosotros destinamos a los estudiantes”, aclaró.

En tanto, por un lado preocupan estos incidentes, pero desde el Colegio de Profesores lo entienden como una situación que no es sistémica, sino que son casos aislados en función de diferentes aspectos que han afectado a los docentes.

“Elementos que los han llevado a tomar decisiones que no son las adecuadas al momento de enfrentar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de los factores que también ha influido bastante en esto es el agobio laboral que nosotros hemos venido diciendo hace muchos años que esta situación de falta de tiempo para la verificación de la enseñanza”, apuntó Navarrete y explicó que este concepto indica aquel agotamiento que ha repercutido en la salud mental de los profesores al estar todo el tiempo de la jornada frente a los estudiantes en la sala de clase.