Un conflicto judicial entre el Gobierno y la empresa a cargo de instalar cámaras de seguridad a nivel nacional mantiene paralizado el despliegue de mil dispositivos de videovigilancia en 66 comunas del país, situación que golpea directamente a regiones donde la ciudadanía demanda mayores herramientas para enfrentar delitos y violencia.

El proyecto, impulsado por la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) y adjudicado a la empresa Ingesmart SpA, prometía reforzar la vigilancia en espacios públicos, aportar evidencia para investigaciones y mejorar la sensación de seguridad. Sin embargo, el contrato terminó en tribunales luego de que la empresa fuera sancionada por supuesto incumplimiento de plazos y fallas en la ejecución.

Desde la SPD afirman que el proveedor no cumplió con los avances comprometidos y que la instalación quedó detenida en seis de las siete macrozonas del país, lo que hizo inviable continuar. La empresa, en cambio, acusa al Estado de imponer multas que —según sostienen— “asfixiaron” la operación y dejaron a la compañía sin capacidad para avanzar, en medio de un proceso de reorganización empresarial.

Impacto en las comunas del Biobío

En la Región del Biobío, donde los municipios han solicitado reiteradamente más herramientas de vigilancia, el frenazo del proyecto genera preocupación. A nivel local, varias comunas esperaban la llegada de estos equipos para reforzar sus sistemas existentes, especialmente en sectores con alta concentración de denuncias por robos, violencia y microtráfico.

Para Los Ángeles, Mulchén, Nacimiento, Yumbel y otras comunas de la provincia, la incertidumbre respecto del destino de estas cámaras podría traducirse en un retraso significativo en la implementación de políticas públicas orientadas a la prevención del delito.

Cinco años sin avance

El proyecto fue anunciado originalmente en 2019, pero su ejecución no ha logrado despegar. A la fecha, pese a los recursos comprometidos y al tiempo transcurrido, el sistema de vigilancia aún no se despliega a nivel nacional, lo que abre interrogantes sobre los mecanismos de control, fiscalización y administración de contratos en materia de seguridad pública.

Mientras el caso se mantiene en tribunales, el Gobierno evalúa alternativas para retomar o reiniciar la instalación bajo nuevas condiciones. No obstante, no existe claridad sobre plazos ni sobre si la actual licitación podrá reactivarse.

Incertidumbre en aumento

Para las regiones —donde las comunidades suelen depender de programas estatales para fortalecer la seguridad—, la paralización del proyecto significa un retroceso en la estrategia preventiva. Autoridades locales temen que la indefinición prolongue la vulnerabilidad de barrios y sectores que requieren monitoreo constante.