Durante los últimos veinte años, la aspiración de contar con el Puente Amdel ha transitado entre ciclos de diseño técnico, ajustes ambientales y expectativas de ejecución que nunca lograron consolidarse. Hoy, sin embargo, el proyecto cuenta con avances verificables que modifican el escenario previo, especialmente en materia de expropiaciones, transformándose en una iniciativa con una hoja de ruta concreta después de transitar un período de indefinición.

Uno de los elementos más relevantes es la disponibilidad predial en el acceso norte del proyecto. A diferencia de los registros previos que situaban el avance cercano al 60 % de la superficie requerida, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) actualizó este dato y confirmó que el proceso se encuentra en una fase más avanzada.

“A la fecha tenemos 40 lotes identificados en dicha comuna, que significa aproximadamente un 80 % de los mismos ya con un proceso de expropiación avanzado”, señaló el seremi del MOP, Hugo Cautivo. Si bien la cifra no corresponde a la totalidad de las superficies involucradas, representa un salto significativo respecto de los porcentajes anteriormente informados.

Ese avance predial adquiere relevancia porque despeja uno de los componentes más sensibles para la ejecución futura. Según explicó la autoridad, este proceso se abordó de forma anticipada debido a que los accesos norte presentan menores riesgos de modificación una vez que el proyecto obtenga resolución ambiental. Ese criterio evita retrasos posteriores y permite asegurar disponibilidad territorial cuando el Puente Amdel cuente con RCA aprobada.

El caso de Santa Juana, en cambio, se mantendrá pendiente de eventuales ajustes derivados del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pues el trazado definitivo podría incorporar observaciones posteriores.

Estado de la tramitación ambiental

Lo anterior se conecta con una segunda actualización significativa: la consultoría ambiental previa, que sustenta el ingreso formal del expediente al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), finalizó. “Esta consultoría ya terminada nos permite ya estar con todos los antecedentes necesarios”, indicó Cautivo. En la práctica, esto supone el cierre de una fase técnica que durante años permaneció abierta y que postergaba el ingreso formal al sistema.

La carpeta ya fue presentada al titular —la Dirección General de Obras Públicas (DGOP)— y se encuentra en revisión final a nivel nacional. La autoridad regional explicó que el ministerio está en la etapa de cotejo final de antecedentes previo al acto administrativo que materializará el ingreso oficial al SEIA.

“Hoy día se ha ingresado todo este material (…) a la DGOP, que es el titular. Estamos en este minuto haciendo esa revisión final”, sostuvo.

Por otro lado, y según confirmó la autoridad, la fase de evaluación ambiental no debería extenderse más allá de dos años. Si se cumplen dichos plazos, la RCA se obtendría dentro del periodo 2026–2027, lo que permitiría articular un calendario posterior.

Futura licitación y programa de costes

Con esas proyecciones, surge el tercer eje central: un concurso con horizonte explícito. “Tenemos pensado que, durante el año 2028, tal vez durante el segundo semestre, podamos hacer licitación de obra”, indicó el seremi. Aunque mirando con matices, no es la primera vez que el proyecto cuenta con una fecha concreta, luego de múltiples escenarios que no avanzaron.

En materia de costos, también existe consolidación. De los $55 mil millones estimados en 2015 —cuando se cerró el diseño de ingeniería— y de los rangos intermedios en torno a los $90 mil millones y luego cerca de los $117 mil millones, hoy el MOP estableció el valor definitivo. “Se ha determinado una cifra final de 126 mil millones”, afirmó Cautivo, confirmando además que ya está incorporada en la programación presupuestaria del ministerio y del Plan Regional de Infraestructura.

Ese cambio —de monto estimado a monto programado— permite ordenar hitos posteriores en materia de cierres prediales, compromisos administrativos, secuencias de ejecución y disponibilidad de recursos plurianuales. Además, incorpora ajustes derivados de exigencias ambientales y mejoras en accesos y conectividad asociada.