La polémica en torno a la norma que ingresará el Gobierno en la ley de reajuste al sector público que limita los despidos de funcionarios no ha dejado de escalar.

En específico, lo que propone el Ejecutivo es que la no renovación de contratas en una serie de entidades públicas solo podrá efectuarse mediante un "acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho".

Este acto, dice, deberá estar "sustentado en criterios objetivos y acreditables". Para el despido, con esto en cuenta, "no bastará la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico".

En la actualidad, por lo general, los despidos en estas entidades se llevan a cabo mediante la declaración de "necesidades de servicio". Esto no se debe acompañar por antecedentes que fundamenten la causal. Con ello, los requisitos para la desvinculación aumentan.

La norma incorpora a los funcionarios con al menos "dos años de servicios continuos", quienes podrán "reclamar por vicios de legalidad" ante la Contraloría, en caso de no renovación de su designación.

Las críticas de la oposición, así como de parte del oficialismo, apuntan a que La Moneda quiere "asegurar" a funcionarios que ingresaron durante la administración Boric. Pero ¿Cuántos de estos funcionarios "a contrata" efectivamente entraron al sector público en el Gobierno actual?

Casi 33 mil

El centro de estudios Horizontal elaboró un cálculo en base al Informe Trimestral de Recursos Humanos de la Dirección de Presupuestos (Dipres). ¿Su conclusión?

Los funcionarios "a contrata" que ingresaron en el actual Gobierno y que se verían beneficiados por la norma son 32.767. De estos, 22.949 están en el sector salud, 4.688 en educación y 1.825 en gobiernos regionales.

Además, 988 están en el Ministerio de Obras Públicas, 693 en Desarrollo Social, 398 en Defensa, 327 en Agricultura, 291 en Trabajo y 154 en Vivienda. Una de las cifras que llama la atención es la del Ministerio de Hacienda, al cual ingresaron 818 personas "a contrata" durante la administración actual.

También destaca Medio Ambiente. En esa cartera hay 119 funcionarios "a contrata" que llegaron junto al Gobierno del Frente Amplio (FA).

En Energía, en tanto, ingresaron 113, en Relaciones Exteriores 93, en Economía 88, en Deporte 80, en Cultura 79, en Transporte 77, en Segegob 62, en Bienes Nacionales 29, en Segpres 24, en Justicia 20, en Mujer 9 y en Minería 4. En el Ministerio del Interior, llamativamente, la cifra es negativa: -1.305. En presidencia es de -10.

El Servicio Electoral (Servel) disminuyó también, en 9 funcionarios. Por último, en el Congreso se vio un aumento de 41 funcionarios "a contrata" y en la Contraloría General de la República (CGR), de 65. Al analizar al total de funcionarios "a contrata" que entraron en esta administración, que incluye a quienes se verían beneficiados con la norma y quienes no, el número total llega a los 54.699. 29.216 están en Salud y 17.884 en Educación.

"El 59,9% de los funcionarios a contrata empleados dentro del actual gobierno cumpliría el requisito de 2 años de antigüedad en marzo 2026, por lo que, de aprobarse la norma, podrían alegar vicios de legalidad en sus desvinculaciones", explica Alfonso España, investigador de Horizontal.

"El acuerdo del Gobierno con la Mesa del Sector Público -agrega- es malo no solo porque generará una camisa de fuerza para la próxima administración, sino también porque omite el problema de fondo que es la obsolescencia del actual Estatuto Administrativo".