Un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad fue presentado en el marco de un caso por subdivisión irregular de predios rústicos, apuntando directamente al artículo 2° del Decreto Ley N° 3.516 de 1980. En concreto, se cuestiona la norma que fija una multa equivalente al 200% del avalúo del predio, calculado al momento de pagar la sanción.

El caso se originó en un juicio llevado ante el Juzgado de Policía Local de Putaendo, donde una persona fue condenada por realizar un loteo irregular en un predio rústico ubicado en la comuna. La denuncia fue presentada por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Putaendo, tras detectar que el terreno estaba siendo destinado a fines habitacionales de manera ilegal.

En su fallo, el tribunal aplicó la sanción establecida en el DL 3.516, ordenando el pago de una multa equivalente al 200% del avalúo fiscal vigente al momento del pago. Junto con ello, decretó la paralización de las obras en los terrenos subdivididos y ofició a la Fiscalía Local de San Felipe para que evaluara eventuales responsabilidades penales.

Apelación en curso y reclamos por vulneración de derechos

Actualmente, la causa se encuentra en apelación ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde se revisará la sentencia dictada en primera instancia.

Según el requerimiento, el principal problema de la norma impugnada es que permite que el monto de la multa se determine después de cometida la infracción, lo que —a juicio del requirente— afecta garantías constitucionales básicas como la igualdad ante la ley, el debido proceso y la seguridad jurídica.

El argumento central es que la multa no queda claramente definida por la ley al momento de cometerse la falta, ya que depende de un avalúo fiscal que puede cambiar con el tiempo. Esto, se señala, vulneraría el principio de legalidad de la sanción, además del principio de irretroactividad, ya que el castigo podría resultar más alto si el avalúo sube con posterioridad a los hechos.

También se advierte una posible vulneración a la igualdad ante la ley, pues dos personas que cometan la misma infracción en la misma fecha podrían terminar pagando multas distintas, dependiendo únicamente de cuándo se efectúe el pago.

El desenlace de este caso podría tener efectos relevantes en la forma en que se aplican las sanciones por loteos irregulares en el país y abrir un debate sobre la constitucionalidad de multas vinculadas a valores fiscales variables en el tiempo.