Nacional
Crónica
Política
29/12/2025
A poco más de dos años desde la implementación del fast track legislativo en seguridad, el balance del año que termina muestra avances limitados en el Congreso.
De los 32 proyectos priorizados en 2024 por el Gobierno y las Mesas del Congreso para enfrentar la crisis de seguridad pública, solo siete lograron convertirse en ley durante 2025, según el análisis.
El fast-track —mecanismo de prioridad legislativa acordado entre el Ejecutivo y el Congreso para agilizar iniciativas clave en materia de seguridad pública— fue anunciado en mayo de 2024 y buscaba acelerar la tramitación de una amplia agenda de leyes consideradas urgentes para enfrentar delitos complejos, reforzar instituciones del Estado y modernizar la persecución penal.
Según el estudio Crisis de Seguridad y Democracia, del Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Desarrollo (UDD), a finales de 2025 solo 10 de los 32 proyectos habían concluido su tramitación, combinando lo aprobado en 2024 y lo despachado este año.
Un dato preocupante que revela el análisis es que alrededor de un 12 % de las iniciativas ni siquiera logró que se les otorgara urgencia legislativa, una señal del estancamiento que enfrenta parte de la agenda priorizada.
Además, aunque las urgencias presidenciales —que buscan acelerar los debates— se utilizan con frecuencia, no han garantizado la aprobación: 12 proyectos acumulan más de 30 urgencias sin convertirse en ley. Entre ellos destaca la reforma al sistema de inteligencia del Estado, con más de 139 urgencias sin resultado final.
Entre los pocos avances concretados en 2025, destaca la aprobación de iniciativas que han sido publicadas en el Diario Oficial y que fortalecen la institucionalidad en seguridad. Entre estas se cuentan:
La ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública.
La actualización de la Ley Antiterrorista.
La creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos.
La Fiscalía Supraterritorial, orientada a combatir delitos transversales y complejos.
El investigador Raúl Opazo —autor del estudio UDD— sostuvo que, pese a estos avances, el ritmo de aprobación es insuficiente frente a las expectativas ciudadanas y a la percepción de crisis en seguridad.
Con la administración del Presidente Gabriel Boric próxima a concluir, la agenda de seguridad enfrenta incertidumbre en su continuidad y en el destino de los proyectos que aún no han sido despachados. Algunos sectores parlamentarios han planteado la necesidad de un nuevo impulso legislativo o la rearticulación de la agenda priorizada, especialmente en materia de inteligencia, persecución del crimen organizado y modernización de las fuerzas de orden.
Mientras tanto, la ciudadanía y expertos observan con atención el cierre de este ciclo legislativo, evaluando si la herramienta del fast-track cumplió con su propósito original o si, por el contrario, deberá ser replanteada para los próximos años.
