Casi un año después, y tras un proceso de selección por Alta Dirección Pública, el Presidente de la República, Gabriel Boric, nombró como Director Ejecutivo al profesor de Artes Plásticas Héctor Otárola Jaramillo, profesional con una destacada trayectoria en la región.

Desde el 24 de febrero de 2025, el nuevo director ha desarrollado una ronda de visitas protocolares y ha liderado el proceso de poblamiento del servicio, cuyas oficinas centrales se encuentran ubicadas en la comuna de Mulchén.

A contar del 1 de enero de 2026, el SLEP Puelche asume la administración de 67 escuelas y liceos, además de 20 salas cuna y jardines infantiles, con una matrícula total de 11.253 estudiantes, distribuidos en las comunas de Antuco, Mulchén, Quilaco, Quilleco, Santa Bárbara, Tucapel y Alto Biobío.

El Delegado Presidencial Provincial de Biobío, Javier Fuchslocher, destacó que “la instalación del SLEP Puelche marca un hito para la provincia, fortaleciendo el rol del Estado en garantizar una educación pública de calidad, con foco en los territorios y en el bienestar de las comunidades educativas”.

Por su parte, el Seremi de Educación del Biobío, Carlos Benedetti, señaló que “la Nueva Educación Pública avanza con servicios locales que se instalan con planificación y foco pedagógico, asegurando mejores condiciones para el aprendizaje y el desarrollo de las y los estudiantes”.

El eje central del trabajo del SLEP Puelche estará en el aula, a través de la Unidad de Apoyo Técnico-Pedagógico, que acompañará de manera directa y permanente a los establecimientos, fortaleciendo las prácticas docentes, la convivencia escolar y la gestión educativa.

En tanto, el Director Ejecutivo del SLEP Puelche, Héctor Otárola Jaramillo, afirmó que “nuestro compromiso es estar presentes en cada escuela y jardín infantil, apoyando a los equipos educativos y poniendo siempre en el centro los aprendizajes y el desarrollo integral de las y los estudiantes”.

El SLEP Puelche se enmarca en la Nueva Educación Pública, una política de Estado que trasciende gobiernos, basada en datos y evidencia, que reconoce sus desafíos, aprende de la experiencia y avanza en la recuperación de la confianza de las familias y comunidades, defendiendo el derecho a una educación pública de calidad con hechos concretos.