La Contraloría General de la República detectó que una gran parte de los recursos que la Subsecretaría de Educación Superior transfirió a instituciones de educación superior durante 2024 no fue rendida ni ejecutada correctamente al término del año fiscal, según una auditoría al uso de esos fondos. 

Hallazgos principales:

De un total de $271.840 millones transferidos a diversas instituciones de educación superior (excluyendo gratuidad), más de $190.997 millones —el 70 %— no habían sido debidamente rendidos ni ejecutados al cierre del ejercicio 2024. 

Esta situación representa un persistente problema de rendición de cuentas que se arrastra desde años anteriores: en 2022 se rindió el 71 % de los fondos, y en 2023 esa cifra bajó al 57 %.

La auditoría también señaló que en la Subsecretaría no existen mecanismos formales para prevenir conflictos de interés entre los expertos externos que evalúan proyectos financiados con estos recursos públicos. 

Respuesta institucional:

La Subsecretaría de Educación Superior indicó que las restricciones presupuestarias han dificultado la contratación de personal adicional para profundizar las verificaciones y fortalecer el control sobre estas rendiciones.