El Ministerio de Educación (Mineduc) implementó una medida que limita la entrega de información sobre los puntajes de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) a las universidades, obligándolas además a eliminar dichos datos luego de dos años.

La decisión, vigente para el proceso de Admisión 2026, ha generado críticas por parte de expertos y académicos que señalan que dificulta análisis sobre el rendimiento estudiantil según contextos socioeconómicos y educativos. 

Según detallan las nuevas directrices, las instituciones de educación superior solo podrán recibir puntajes de estudiantes que expresamente autoricen la entrega de esos datos al momento de inscribirse en la PAES.

Si el postulante no marca esa opción de consentimiento, sus resultados no estarán disponibles para las universidades, lo que limita el acceso a información histórica útil para estudios comparativos y planificación académica. 

La restricción también impide que las casas de estudio realicen cruces de información con otros datos —como el establecimiento de procedencia o variables socioeconómicas— que normalmente se utilizan para investigar brechas educativas y apoyar decisiones de admisión especial que benefician a ciertos grupos de estudiantes. 

Esta modificación se produce en un momento clave del calendario educativo: este lunes 5 de enero se publicaron los resultados de la PAES Regular 2025, que permiten a miles de jóvenes iniciar su proceso de postulación a las universidades del Sistema de Acceso, desde las 08:00 horas en los portales oficiales de Acceso Mineduc y DEMRE. 

El periodo de postulación, se extiende hasta las 13:00 horas de este jueves 8 de enero y contempla ofertas de más de 2.000 carreras en 47 universidades adscritas al sistema centralizado de admisión. 

Críticos de la medida señalan que la transparencia en el uso de datos de rendimiento académico es crucial para la evaluación del sistema educativo y la generación de políticas públicas que favorezcan la equidad.

Por su parte, desde el Mineduc se argumenta que la protección de la información personal exige estas salvaguardas, aunque no se han entregado detalles sobre cómo se fiscalizará que las universidades borren los datos después del plazo estipulado.