La diputada Flor Weisse expresa su profunda preocupación y rechazo frente al proyecto de ley que el Gobierno presentó en el Congreso Nacional para reconocer, calificar y reparar —solo “cuando corresponda”— a las víctimas de violencia del conflicto intercultural y territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

La iniciativa fue ingresada oficialmente al Congreso el miércoles 24 de diciembre de 2025, aunque su contenido completo recién fue dado a conocer formalmente la semana pasada, después del receso legislativo. Este retraso evidencia la falta de transparencia y de interés real del Ejecutivo en dar una respuesta seria a quienes han sufrido años de violencia y abandono.

A simple vista, el proyecto parece responder a una demanda histórica de las familias afectadas en la macrozona sur, pero un análisis detallado demuestra que no incluye reparación económica estructural ni compromisos claros de apoyo integral, tal como habían solicitado expertos y víctimas. La iniciativa se reduce a un ejercicio simbólico y con letra chica, sin garantías concretas de justicia ni medidas efectivas para prevenir que estas tragedias se repitan.

En ese sentido, lejos de ser una solución, el proyecto representa una burla hacia quienes esperan una reparación real. La diputada Weisse califica la propuesta como vacía y deficiente, diseñada para “salir del paso” más que para enfrentar la magnitud del sufrimiento de miles de afectados. Es una falta de respeto para las víctimas, quienes han esperado décadas para recibir una respuesta estatal que no solo reconozca sus dramas, sino que entregue reparación tangible, apoyo psicológico y herramientas de recuperación.

Tal como está redactada, la ley no cumple con las mínimas expectativas de justicia y dignidad que merecen quienes han perdido bienes, territorios y seres queridos en el contexto del conflicto. Weisse advierte que no permitirá que este Gobierno siga cumpliendo solo en el papel con las víctimas, mientras en la práctica ignora lo esencial: reconocer responsabilidades, asegurar recursos efectivos y establecer mecanismos claros de reparación y no repetición.

“Esta iniciativa es una vergüenza legislativa y política. No vamos a aceptar migajas cuando lo que se pide es justicia verdadera”, afirmó. Por ello, exige al Ejecutivo y a la Comisión de Gobierno Interior del Congreso que revisen y fortalezcan el proyecto, incorporando medidas concretas de reparación económica, plazos claros y mecanismos transparentes, demostrando finalmente un compromiso real con las víctimas.