El Gobierno informó la suspensión de una medida adoptada por el Instituto de Previsión Social (IPS) que llevaba a que 13 mil adultos mayores no recibieran la PGU, por haber pasado, supuestamente, seis meses fuera del país.

Ante las denuncias de errores en el listado, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, anunció que se decidió "revertir esa decisión".

"El sistema funciona de la siguiente manera: a fin de año el IPS hace una revisión de antecedentes respecto a las personas que tienen derecho a la PGU, porque uno de los requisitos es no haber estado fuera del país por más de seis meses", explicó Elizalde.

"Se solicita la información a la PDI, que es la institución que lleva el registro de entradas y salidas en Chile. Ante la serie de reclamos que se produjeron, entonces se revirtió esa situación, y se va a pedir un nuevo informe a la PDI para que se aplique de manera estricta la ley. Por lo tanto, ninguna de estas personas va a ser perjudicada y los pagos se van a hacer como corresponde", detalló.

A estas palabras se sumó el Presidente Gabriel Boric, que explicó que los afectados son el 0,4 por ciento de los pensionados, ante lo que se pidió investigar y cotejar los datos nuevamente con el fin de evitar errores.

El director del IPS, Juan José Cárcamo, aseveró que "se determinó que había un grupo acotado de personas, que probablemente habían salido por más de 180 días del país en el último año calendario. A esas personas se les envió una carta de notificación de que estarían perdiendo este requisito de residencia y por lo tanto se les invitaba a regularizar esta situación".

"Dado que hemos recibido algunas inquietudes y algunos reclamos, hemos decidido suspender esta medida y vamos a hacer una reevaluación. Queremos garantizar y asegurar que les vamos a pagar a todas las personas su Pensión Garantizada Universal", agregó.

Molestia en el Congreso

En el Congreso, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) espera "que esto no sea para generar conmoción en los adultos mayores. La Comisión (de Gobierno Interior) va a citar al ministro del Trabajo, a la PDI y por cierto, al director del IPS".

"Este gobierno se acostumbró a que no responde políticamente por los errores, las omisiones, y aunque esté terminando nosotros no descartamos presentar una comisión investigadora", lamentó.

Por su parte, la diputada republicana Sara Concha sostuvo que "quienes instalaron en periodo de campaña que era justamente el Presidente electo el que iba a terminar con la PGU, son ellos mismos los que terminan al final quitándole el beneficio a las personas mayores. No sé si nos va a dar el tiempo para crear una comisión investigadora o especial, pero se tienen que tomar las acciones y llegar a quienes son los responsables".

Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Gobierno Interior, el diputado Rubén Oyarzo, confirmó la presentación de un oficio al IPS y la citación de su director, Juan José Cárcamo, con el objetivo de conocer antecedentes del caso, el número total de afectados y las medidas de prevención.