La actualización del decreto que permite incorporar nuevos tratamientos a la Ley Ricarte Soto continúa detenida, situación que ha generado inquietud entre pacientes, organizaciones y especialistas del área de la salud, debido al retraso en el acceso a terapias de alto costo para enfermedades poco frecuentes.

El decreto, anunciado durante 2025 y cuya entrada en vigencia estaba prevista para enero de este año, contemplaba la incorporación de 39 nuevos tratamientos, beneficiando a cientos de personas que dependen de esta política pública para financiar medicamentos y procedimientos de alto valor económico.

Sin embargo, el proceso se encuentra paralizado, principalmente porque aún no se ha emitido el informe presupuestario requerido por parte del Ministerio de Hacienda, documento clave para que el decreto pueda ser firmado y comenzar a regir. Esta situación ha provocado críticas desde agrupaciones de pacientes, quienes acusan incertidumbre y falta de claridad respecto a los plazos.

Expertos en salud pública han advertido que la demora no solo afecta la calidad de vida de los pacientes, sino que también posterga decisiones sanitarias relevantes que deberían responder a criterios técnicos y de urgencia médica. Además, señalan que el problema podría extenderse y transformarse en un desafío para la próxima administración de gobierno.

La Ley Ricarte Soto fue creada para garantizar la protección financiera de personas que requieren tratamientos de alto costo, independientemente de su sistema previsional de salud. Su actualización periódica mediante decretos es fundamental para incorporar avances médicos y responder a nuevas necesidades sanitarias.

Mientras no se destrabe el proceso administrativo y presupuestario, los pacientes continúan a la espera de una definición que les permita acceder oportunamente a tratamientos que, en muchos casos, resultan vitales.