El debate por los llamados "supersueldos" volvió a instalarse luego de que el Ejecutivo decidiera ingresar formalmente el proyecto que regula asignaciones y atribuciones internas del Congreso, reactivando una discusión que hasta ahora se mantenía contenida.

La iniciativa, que recoge una propuesta impulsada por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, abrió de inmediato un flanco con los funcionarios parlamentarios, que cuestionaron tanto el momento como el fondo de la medida.

De acuerdo con un levantamiento realizado por el equipo del senador Ossandón, 181 funcionarios de la Cámara, el Senado y la Biblioteca del Congreso Nacional —equivalentes al 17,8% del total— perciben sueldos superiores a los del Presidente Gabriel Boric y a los de todos los parlamentarios.

El proyecto apunta a ordenar las asignaciones del personal de la Cámara de Diputados, el Senado y la Biblioteca del Congreso, además de acotar las facultades de las comisiones de Régimen y de la Comisión de Biblioteca.

Junto con ello, fija plazos para la designación de cargos clave como los secretarios de ambas corporaciones y el director de la Biblioteca del Congreso Nacional, aspectos que explican por qué la discusión volvió a tensionar el ambiente interno.

Desde el Senado, Ossandón valoró que el Gobierno haya tomado la posta de la iniciativa, señalando que "haya entendido la importancia de legislar esta materia y que haya mandado un proyecto porque no es mi proyecto, sino que él lo presentó.

Es el mismo que yo haya presentado, pero es moción del presidente de la República". En esa línea, defendió que "este es un proyecto que no toca a ningún funcionario, aquí no se le baja el sueldo a nadie, sino que se piensa en un Congreso con sustentabilidad en el futuro".

El senador insistió en que la propuesta busca dar estabilidad institucional y llamó a respaldarla, "hago un llamado a los senadores y senadoras que apoyen este proyecto, que está bien hecho y que, como digo, no perjudica a nadie, pero sí, lo que hace es que le da una estabilidad en el futuro, como por ejemplo, que las comisiones de régimen del Senado y Cámara de Diputados, no tengan atribuciones para poner bonos, subir sueldos o cambiar condiciones, sino que lo que está definido por ley es lo que valga".

La reacción desde la Federación de Asociaciones de Funcionarios del Congreso Nacional (Fedacon), en cambio, fue dura y puso el foco en las razones que, a su juicio, explican la reactivación del debate en este momento político. Su presidenta, Elizabeth Cangas, acusó directamente al Ejecutivo: "Lamentablemente fuimos vendidos por el Presidente Boric.

Estos proyectos no se presentan en traspasos de mandos constitucionales, ni parlamentarios, ni presidenciales. Habla de mala fe y habla de lo que todo el mundo habla acá, a vox populi, que es negociación con los funcionarios respecto a las presidencias, vicepresidencia y cargos, entre ellos el secretario general de esta Corporación.

Es una vergüenza lo que acaba de ocurrir". Cangas profundizó sus críticas apuntando a la falta de un diagnóstico previo y al impacto en la carrera funcionaria. Afirmó que el proyecto “no solamente es poco serio, es un proyecto que no tiene diagnóstico; tuvieron un año entero para decirnos cuál era el ranking de sueldos del Estado. No se hizo.

Tuvieron cuatro años para conversar con esta presidenta sobre la orgánica o si tenían algún problema con los funcionarios y simplemente, de manera muy misteriosa, en años de elecciones y en traspaso de mando constitucional, donde cada vez se saben más cosas, nosotros fuimos prioridad en un proyecto que no afecta a los supersueldos, eso es una mentira absoluta, pero además daña profundamente la carrera funcionaria de un poder del Estado y va a traspasar una crisis institucional”.

Finalmente, advirtió sobre las consecuencias que podría tener la tramitación de la iniciativa en el corto plazo: "El nuevo gobierno y los nuevos parlamentarios van a llegar con ganas de trabajar y aquí vamos a tener ganas de hacer un paro. Eso es lo que va a ocurrir".